Castilla-La Mancha ha sido la comunidad autónoma en la que más ha bajado el coste laboral neto por año y trabajador en 2015, un 3,9 por 100, hasta los 26.907,70 euros, por lo que además es la tercera región con menor coste laboral, tan sólo por detrás de Extremadura y Canarias.
En el conjunto del país, el coste laboral neto por año y trabajador fue de 30.643,87 euros en 2015, un 0,5 por 100 más que en 2014, según recoge la Encuesta Anual de Coste Laboral publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
A esta cantidad hay que sumarle otros 213,44 euros de subvenciones y deducciones de las Administraciones Públicas destinadas a incentivos al empleo y formación profesional, de modo que el coste laboral bruto fue de 30.857,31 euros, un 0,7 por 100 más que el año anterior.
En Castilla-La Mancha, el coste bruto fue de 27.084,46 euros, tras sumar las subvenciones y deducciones.
En la región, los salarios supusieron el 73,63 por 100 del coste laboral bruto, y la media del salario laboral bruto fue de 19.943 euros, mientras que las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social fueron de 6.456,60 euros, que supusieron el 23,84 por 100 del coste laboral bruto.
En el conjunto del país, los salarios supusieron el 74,1 por 100 del total del coste laboral bruto y la media anual de salario laboral bruto fue de 22.850,57 euros, un 1,1 por 100 más que en 2014.
Las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social ascendieron a 7.080,66 euros por trabajador y supusieron el 23 por 100 del coste laboral bruto.
Los sueldos y salarios más las cotizaciones a la Seguridad Social constituyeron conjuntamente el 97 por 100 del coste bruto.
Además, 354,92 euros anuales se destinaron a beneficios sociales, 226,76 a gastos derivados del trabajo, 249,96 a indemnizaciones por despido y 94,44 euros a formación profesional.
Según la encuesta, el 94,8 % de los centros, que representan al 88,1 por 100 de los trabajadores, regularon sus relaciones laborales mediante convenio colectivo.
El coste laboral más alto fue en aquellos centros con convenio de empresa o centro de trabajo, seguidos de los regulados mediante otra forma que no era el convenio colectivo.
Las actividades económicas con mayor coste laboral anual fueron suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (76.663,92 euros), actividades financieras y de seguros (60.365,62) e industrias extractivas (47.825,79 euros), mientras que los menores costes laborales se dieron en la hostelería (18.729,36 euros), en las actividades administrativas y servicios auxiliares (21.170,27 euros) y en otros servicios (21.323,55 euros).
En el sector de la industria, el coste laboral neto por trabajador fue de 36.589,41 euros en 2015, el 0,7 por 100 menos que en 2014, mientras que en la construcción el coste neto bajó el 1 por 100 y en los servicios aumentó el 0,9 por 100.
Los ámbitos de la energía y de las finanzas registraron los mayores sueldos y asumieron el mayor coste en beneficios sociales, al tiempo que las indemnizaciones por despido supusieron mayores costes para la sección financiera y la de la información y las comunicaciones.
En el extremo opuesto, la educación y la administración pública tuvo los costes por despido más bajos.
La sección energética y las industrias extractivas fueron las que más invirtieron en la formación de sus trabajadores y por el contrario, la administración pública y la hostelería registraron el menor gasto en esta partida.
Los beneficios sociales y gastos en formación profesional fueron significativamente mayores en los centros de mayor tamaño, mientras que los costes derivados del trabajo fueron superiores en los centros pequeños y medianos.
Los costes laborales más elevados se dieron en la Comunidad de Madrid (36.732,20 euros), País Vasco (35.767,95) y Cataluña (32.310,11), frente a los más bajos que se observaron en Extremadura (25.179,54 euros), Canarias (26.093,80) y Castilla-La Mancha (26.907,76).
Los centros de la Comunidad de Madrid y el País Vasco fueron los que pagaron mayores salarios y tuvieron gastos más elevados en beneficios sociales.
En cuanto a la formación profesional, Madrid y Andalucía presentaron los mayores costes, mientras que Baleares y Canarias registraron los menores. Las mayores indemnizaciones por despido tuvieron lugar en la Comunidad de Madrid, seguida de La Rioja.
Por otra parte, las empresas de Cantabria y Andalucía recibieron las mayores subvenciones y deducciones fiscales vinculadas al empleo y a la formación profesional.