La Comunidad de Madrid ha propuesto, en la reunión técnica sobre el reparto del déficit entre las comunidades, que los objetivos de déficit distintos sean sólo para 2013, si finalmente se opta por aprobarlos de forma individualizada, como defienden Castilla-La Mancha, Valencia, Baleares, Andalucía, Murcia y Extremadura.
Así lo han asegurado a Efe fuentes de la Consejería de Hacienda, tras la reunión de trabajo que ha mantenido el viceconsejero José María Rotellar con representantes de las comunidades autónomas en el Ministerio de Hacienda para tratar este asunto.
En el encuentro, el viceconsejero de Hacienda ha abundado en ese aspecto para evitar que se perpetúe «en el error» de hacer objetivos diferenciados, toda vez que entienden que eso hace más difícil el cumplimiento general del objetivo.
En la reunión, Rotellar ha defendido que no se pacten objetivos individuales para comunidad autónoma y que, en caso de que eso suceda, se tenga en cuenta la financiación y no se perjudique a las comunidades cumplidoras, entre las que se encuentra Madrid.
Junto a Madrid, han defendido un objetivo igual para todos Aragón, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Asturias y Galicia.
Cataluña, por su parte, según fuentes conocedoras de la reunión, ha pedido que el reparto del objetivo de déficit para España sea haga a tercios, es decir que, por ejemplo, si se diera a España el seis por ciento, el dos por ciento fuera para el sector de las comunidades autónomas en su conjunto.
«UN ESFUERZO EQUITATIVO»
Castilla-La Mancha ha planteado en la reunión que se ha celebrado esta tarde en el Ministerio de Hacienda para tratar el reparto del déficit entre las comunidades que éstas deben hacer «un esfuerzo equitativo» y seguir haciendo ajustes en gastos de estructura.
Así lo han manifestado a Efe fuentes de la Consejería de Hacienda, cuyos representantes en esta reunión no se han posicionado ni a favor ni en contra de un reparto diferenciado del déficit.
En cambio, según las mismas fuentes, la directora general de Presupuestos, Rosario Rey, y el director de la Oficina de Control Presupuestario, Javier Serra, sí han abogado por que se defienda a aquellas autonomías con características económicas especiales como pueden ser un menor PIB o tener población dispersa.