CSIF informa de otra resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha favorable al cobro de la extra de diciembre 2012, que afecta a todo el personal laboral del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, informan en nota de prensa.
CSIF, sindicato mayoritario en el ámbito sanitario en Castilla-La Mancha, acaba de obtener la primera sentencia favorable al colectivo del personal laboral del Sescam en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
La demanda de conflicto colectivo presentada por la Unión Autonómica de CSIF frente a la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta afectaba a la totalidad del personal laboral del Sescam, tanto médicos facultativos como otras categorías de personal no sanitario (asistentes sociales, auxiliares administrativos, etc.).
CSIF informa en un comunicado de prensa que la sentencia reconoce el derecho de todos los trabajadores laborales del Sescam a la percepción efectiva de la parte proporcional de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012, correspondiente al período de tiempo comprendido entre el 1 de junio de 2012 y el 14 de julio de 2012.
CSIF quiere destacar por su relevancia «el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha decida que no procede la intención de la Junta de Comunidades de suspender la votación y el fallo hasta que resolviera el Tribunal Constitucional».
Desde el sindicato independiente damos por hecho que los trabajadores, tal y como se hizo con el personal laboral bajo el VII Convenio Colectivo de la JCCM, cobrarán pronto lo que se les adeuda sobre la extra 2012, aunque la resolución todavía no es firme ya que cabe recurso ordinario de casación dentro del plazo de los cinco días siguientes a la notificación.
Tras esta nueva sentencia, CSIF exige al Gobierno de Castilla-La Mancha que «devuelva la parte devengada de la extra de diciembre 2012 a todos los empleados públicos de la JCCM, sean laborales, funcionarios o estatutarios. De otro modo, estarían reiterando una injusticia que sólo crea gastos a las administraciones y perjuicios a los trabajadores».