El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado que «hoy mismo» Liberbank, BMN y Caja3 (entidades del grupo 2) recibirán la ayuda europea, mientras que Ceiss está a la espera de que Europa apruebe su integración con Unicaja.
El ministro ha hecho este anuncio durante su intervención en la Comisión de Economía del Congreso, en la que ha insistido en que su «obligación» es «no malvender» ninguna entidad nacionalizada.
Ha descartado que las tres que están en manos del FROB -Bankia, CatalunyaBanc y NCG- se vayan a fusionar, aunque ha manifestado que se coordinarán actuaciones entre ellas.
El ministro ha explicado que el pasado viernes, el FROB aprobó un protocolo de detención del fraude en todas las entidades en las que tiene participación mayoritaria.
Hasta ahora, este protocolo se aplicaba a las entidades en las que el FROB era nombrado administrador provisional. En el protocolo se incluye una tipología de operaciones que en algunas entidades han resultado ser fraudulentas, según De Guindos.
Los trabajos serán encargados en los próximos días a especialistas externos a las entidades, según el ministro, que ha añadido que todas las operaciones en las que exista indicio de delito serán analizadas por abogados penalistas, como paso previo a su envío a los órganos judiciales.
El ministro también han anunciado que esta misma semana y «sin más dilación», el FROB va a ordenar la apertura del procedimiento de arbitraje para los clientes de participaciones preferentes de Bankia.
Un proceso, que aunque será similar al de otras entidades como CatalunyaBanc o NCG, es «más complejo» por su presencia nacional, razón por la que será el Instituto Nacional de Consumo (INC), en vez de las autoridades autonómicas, el encargado de arbitrar el procedimiento «para garantizar la uniformidad de criterios».
De Guindos ha añadido que el objetivo es «detectar» los casos «de mala praxis» que pudieran haber existido en su comercialización.
Ha recordado que el Gobierno está ultimando la constitución de una comisión de seguimiento de los procesos de arbitraje, prevista en el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE el pasado mes de enero y que tiene como objetivo «garantizar la transparencia, imparcialidad e independencia» del proceso.
En las últimas semanas el PSOE ha insistido en que se pactó que la comisión realizara el filtro de las personas que cumplen los requisitos para recuperar su inversión, en vez de una consultora independiente, que es quien está haciendo este trabajo.
El diputado socialista Antonio Hurtado ha asegurado en el debate que su partido se siente «engañado», mientras que De Guindos ha reclamado al PSOE que coopere «con lealtad».
MODIFICACIÓN LEGAL
El ministro ha explicado que desarrollar el acuerdo requerirá una modificación legal, mediante una enmienda en alguna norma o incluso una nueva ley, y ha pedido que se deje a la comisión de seguimiento cumplir su misión. El PP ya ha remitido al PSOE una propuesta de primer texto.
En cuanto a la Sareb, ha explicado que esta sociedad que gestiona 50.449 millones de euros en activos inmobiliarios bancarios, prevé vender activos por 1.500 millones en este ejercicio y ha avanzado que ya tiene algunas operaciones pendientes de firma.
Además, se ha constituido su Comisión de Seguimiento con representantes del Ministerio de Economía, Hacienda, el Banco de España, la CNMV y el Banco Central Europeo (BCE).
Dada la magnitud de la Sareb, «es fundamental analizar y conocer con detalle» los activos de su cartera, algo por lo que se ha encargado «un detallado» proceso de revisión jurídica inmobiliaria y contable de cada uno de los activos. A partir de los resultados, se terminará de perfilar su plan de negocio.
Por otro lado, De Guindos se ha mostrado partidario de que las entidades sometan a sus juntas el conjunto de la remuneración de la dirección, y de poner límites a toda la retribución, y no sólo sobre la parte variable. El Gobierno introducirá estas medidas al realizar la trasposición de la directiva europea de capital.
También ha desvelado que ha pedido al Banco de España un informe adicional sobre retribuciones del que tiene previsto informar al Consejo de Ministros y publicar las partes que no sean confidenciales.
Adicionalmente, el Ejecutivo va a aprobar «en los próximos días» una normativa que obligará a todas las empresas cotizadas a elaborar informes específicos de remuneración de la dirección que deberán enviarse a la CNMV para su difusión como hecho relevante.
Esta nueva legislación también limitará a 12 años el tiempo en el que una misma persona puede tener la consideración de consejero independiente de una empresa.