Se trata de una decisión adoptada ayer en la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa, han indicado a Efe las mismas fuentes, que han recordado que la rescisión del contrato no es un procedimiento inmediato sino que puede prolongarse varios meses por las garantías que, legalmente, tiene el adjudicatario del contrato.
Precisamente, ayer el Congreso pidió al Gobierno la rescisión del contrato que el Ministerio de Defensa mantiene con la empresa de seguridad privada Marsegur, denunciada por las condiciones laborales de sus trabajadores.
La Comisión de Defensa del Congreso aprobó con 20 votos a favor y 15 abstenciones la proposición no de ley presentada por Unidos Podemos, relativa a la rescisión del contrato con Marsegur por incumplimiento de los derechos de los trabajadores.
Para esta formación «ya son dos condiciones de la cláusula número 10 del pliego de prescripciones técnicas las que incumple la empresa Marsegur Seguridad Privada, S.A., motivo más que suficiente para que el Ministerio de Defensa rescinda el contrato con esa empresa».
La mayoría de los vigilantes de este firma trabajan en 188 centros dependientes del Ministerio de Defensa, como la propia sede, acuartelamientos u hospitales militares; y el resto en centros de la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y otras instituciones públicas, como la subdelegación del Gobierno en Valencia o Badajoz y el Museo del Ejército, en Toledo.
Ayer y el lunes los sindicatos mayoritarios en el sector de la seguridad privada (UGT, CC.OO. y UGT) convocaron a una huelga a todos los trabajadores de Marsegur para denunciar que no cumple el convenio colectivo, tiene sentencias judiciales en contra y paga hasta un 30 % menos del salario previsto en el convenio del sector, que además adeuda a muchos de los empleados.
El seguimiento fue «masivo», de un 90 por 100 según los sindicatos, aunque la empresa aseguró que esa cifra era «mucho menor» y denunció coacciones de los huelguistas.