El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha reunido con los representantes sindicales de la función pública en una mesa sectorial donde se pretende iniciar el proceso de suprimir 773 plazas de la relación de puestos de trabajo de la Administración autonómica (RPT), según han denunciado los sindicatos.
Sobre la mesa 773 plazas de la RPT de la Administración autonómica, 670 que ya suprimió en agosto de 2012 la Junta y que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anuló y 103 nuevas. Es la Mesa Sectorial de Función Pública donde se van a analizar las mismas y donde se pretende abrir el proceso para suprimirlas, según fuentes sindicales.
Una reunión que llega en un momento en el que se están produciendo la reincorporación de los interinos despedidos sin que aún se sepa cómo se va a pagar el salario pendiente de estos dos últimos años. Precisamente estos serán los temas por los que preguntarán los representantes sindicales durante una reunión que concentraba a trabajadores a las puertas de la Consejería de Administraciones Públicas en Toledo para pedir la readmisión de los interinos despedidos.
Por su parte, los sindicatos han insistido en que es necesario que el Gobierno regional ejecute la sentencia judicial que ha ordenado la readmisión de casi 400 interinos, antes de que se proceda a la amortización de 773 plazas en la relación de puestos de trabajo (RPT).
Así lo han traslado los representantes sindicales la reunión que ha celebrado la mesa de la función pública, en la que los representantes de la Consejería de Administraciones Públicas solo han querido hablar de la amortización de las plazas, según ha declarado la representante de UGT, Beatriz Tormo.
«Solo quieren hablar de la amortización de las plazas y nosotros hemos dicho que lo normal es que primero se nos informara de cómo está el tema de la ejecución de la sentencia que se está llevando a cabo», ha añadido.
EL PROCESO DE AMORTIZACIÓN…
Tormo ha criticado: «ellos se empeñan en decir que no tiene nada que ver un proceso con el otro, que el proceso de amortización no está ligado al proceso de readmisión de interinos y nosotros consideramos que si se van a amortizar las plazas de 2012, evidentemente son dos procesos que están absolutamente ligados».
Según la representante de UGT: «se pueden amortizar plazas si no fuera porque el juez ha dicho que se readmitan».
Ha criticado al director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, que ha dicho en la reunión «que lo que queremos hacer es una pantomima con la mesa».
Ha insistido: «lo único que estamos pidiendo es que nos den información de lo que está pasando, de cuántos interinos se han reincorporado, de cuántos han renunciado voluntariamente y a cuáles se les ha dado cese previo y no se les ha permitido la reincorporación».
En este sentido, ha señalado: «ahora mismo lo único que hemos conseguido es que nos hayan dicho que se han mandado 389 cartas, de las cuales 74 son ceses previos a interinos que no les han permitido reincorporarse».
Es decir, que solo se van a reincorporar 315 de los 391 interinos, ha explicado Tormo, que ha añadido que tampoco les han facilitado el dato de cuántos han renunciado voluntariamente a la reincorporación.
«Sigue habiendo muchísimas dudas, hay gente a la que no han dejado reincorporarse y nos explican por qué, tampoco han explicado por qué se ha cesado a dos interinos en una misma plaza y por qué no han permitido la reincorporación de interinos que estaban con baja médica», ha aseverado.
Según la representante sindical: «lo único que pretenden es continuar con la amortización y obviar todo el tema de explicarnos y debatir en qué términos se está ejecutando la sentencia».
Sin embargo, para los sindicatos y para los jueces es fundamental, «porque está claro que tienes que cerrar el primer proceso, el de creación de las plazas, reinserción de interinos y pago de abonos, antes de poder ejecutar la amortización de plazas», ha reiterado Tormo.
«ABSOLUTAMENTE INDECENTE»
La postura que está manteniendo De la Fuente es «absolutamente indecente», ha opinado Tormo, quien ha considerado: «una persona que tiene una condena por vulnerar la Constitución Española no puede seguir presidiendo una mesa de negociación».
Sería preciso que «alguien con más capacidad debería estar en la mesa», ha indicado Tormo, que ha abogado porque sea el consejero de Administraciones Públicas, Leandro Esteban.
«No conocemos al consejero, no ha hecho acto de presencia, no ha venido nunca», ha lamentado la representante sindical, quien entiende que «viendo como está la situación debería ser el que estuviera aquí dando las explicaciones pertinentes».
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