Alrededor de un millar de manifestantes, 510 según la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, se han concentrado hoy en las cinco capitales de la región para reivindicar el derecho de huelga y de libertad sindical, y en contra de las actuaciones administraciones y penales por la Fiscalía del Estado.
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En concentración convocada a nivel nacional por CCOO y UGT, en la celebrada en la Plaza de Zocodover de Toledo se han concentrado unas 200 personas, entre ellos los representantes sindicales en la empresa Airbus José Alcázar, Tomás García y Armando Barco, para los que la Fiscalía pide ocho años de prisión a cada uno por su participación en la huelga general del 29 de septiembre de 2010.
José Alcázar ha explicado que «el proceso sigue abierto», tras la respuesta del fiscal a las demandas de los abogados de los procesados que presentaron un recurso de nulidad, y que «estamos pendientes de que dictamine el juez si hay juicio o lo evitamos».
«Se nos acusa por el mero hecho de ser sindicalistas y defender a la ciudadanía», ha denunciado Alcázar, quien lo ha calificado como «un hecho sin precedentes» en el periodo democrático que «no se puede permitir», por lo que ha reivindicado las manifestaciones públicas «porque es un derecho constitucional».
El secretario general de CC.OO. de Castilla-La Mancha, José Luis Gil, ha asegurado que «hoy es un día de profunda tristeza porque estamos ante una democracia mutilada, en tanto las personas que no comparten lo que hace Gobierno o Patronal deciden legítimamente concentrarse o convocar una huelga y responden los tribunales como antaño y les procesan y les intentan meter en la cárcel».
«Es un disparate, una barbaridad» que haya 265 procesados y se pidan para ellos 125 años de cárcel, ha lamentado Gil, quien ha criticado a fiscal, tribunales y jueces por estar «al servicio de lo acción política para causas bastardas», al no defender a los que «legítimamente defienden sus derechos en libertad, que hoy falta».
«Si hay que salir a la calle para pedir libertad de manifestación y de huelga es que este país está enfermo y la democracia está tocada», ha concluido.
La secretaria regional de Igualdad y Salud Laboral de UGT, Higinia García, ha leído un comunicado en el que, firmado también por CC.OO., se entiende que la acusación penal que imputa delitos «es una injerencia» de los poderes públicos en el funcionamiento de las organizaciones sindicales y una restricción ilegítima del derecho democrático, «y de manera singular del derecho a huelga».
Como colofón, se ha entregado un escrito en la Delegación del Gobierno para que lo haga llegar al Gobierno de España en el que se pide respeto a la libertad y derecho de huelga y que «cese en su intento de criminalizar la respuesta social y laboral».
En Albacete han participado unas 150 personas en la protesta celebrada a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, donde también se han reunido en Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, y el secretario provincial de CC.OO., Francisco de la Rosa, ha recordado que él mismo fue sancionado y multado en la huelga general de 2010 «sin ni siquiera estar presente donde ocurrió el supuesto incidente, así que he sufrido en mis carnes estos procesos».
Ha rememorado, al tiempo a los estudiantes de Hellín imputados por el ejercicio del derecho a huelga «sin haber hecho nada».
En Guadalajara, ante un centenar de personas, el secretario general de UGT CLM, Carlos Pedrosa, ha criticado el intento de recortar el derecho constitucional de huelga que pretende el PP y ha exigido que se derogue el artículo 315.3 del Código Penal.
«No es de recibo que representantes de los trabajadores, que no están aforados como los diputados, sean condenados por lo penal por delitos contra los derechos de los trabajadores», ha añadido Pedrosa, quien ha concluido: «UGT y CC.OO. no van a permitir que representantes de los trabajadores sean tratados como delincuentes».
En Cuenca se han concentrado medio centenar de personas y el secretario provincial de CC.OO., Pedro Lucas, ha criticado que «se están pidiendo las penas máximas» por ejercer el derecha a huelga y el responsable de UGT, Rubén Paz, ha criticado los 81 procesos penales que hay abiertos contra 265 personas, que «es una ofensiva contra el derecho de huelga» y que «no nos van callar».