domingo, 29 de septiembre de 2024
Según anuncia Rafael Perezagua 17/02/2015junio 8th, 2017

El portavoz del Gobierno municipal, Rafael Perezagua, ha anunciado hoy que, en el caso de que de las sentencias por el IBI del suelo urbanizable se deriven consecuencias económicas contra el Ayuntamiento de Toledo, éste presentará una denuncia contra el Catastro por «daños patrimoniales» contra el consistorio.

Así lo ha afirmado hoy Perezagua en la rueda de prensa que ha ofrecido sobre el pleno del próximo jueves, a preguntas de los periodistas sobre las dos nuevas sentencias de la Audiencia Nacional contra el IBI del suelo urbanizable.


El portavoz municipal ha insistido en que «las consecuencias económicas de estas sentencias son del Catastro», que es quien cometió el error en las valoraciones catastrales, por lo que, si se derivan consecuencias para el Ayuntamiento, éste presentará una denuncia «por ser víctima de un error» ajeno al consistorio.

En este contexto ha recordado que, en septiembre de 2014, la Federación de Municipios y Provincias negoció con la Dirección General del Catastro modificar el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario «para que este asunto quedase zanjado a futuro».

Y, a renglón seguido, ha asegurado que «lo que es incomprensible es que el Gobierno central no haya modificado aún esta ley» dando pié así a que «se sigan acumulando sentencias».

Dicho esto, ha significado que el universo a quienes afectan estas sentencias es muy reducido dado que «son muy pocos los propietarios que denunciaron y la Audiencia sólo está admitiendo los recursos de quienes recurrieron».

El portavoz del gobierno municipal ha hecho también alusión a un documento remitido por el gobierno popular del Ayuntamiento de Toledo a la Gerencia Regional del Catastro en 2006, en el que, según Perezagua, «el PP decía al Catastro dónde había que subir los valores catastrales».

Respecto al debate de las bonificaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles, Perezagua ha remarcado que «el suelo urbanizable se bajó el año pasado un 90 por ciento, a propuesta del PSOE, que pidió una revisión general de los valores catastrales».

Y ha concluido que «ya no se puede bonificar más» pues la media de la rebaja de este impuesto es superior al 90 por ciento del valor catastral. 

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