El PSOE seguirá pidiendo al Gobierno regional planes de empleo para desempleados mayores de 55 años y jóvenes, así como la creación de un Fondo Autonómico de Emergencia para las Familias en situación de pobreza y en riesgo de exclusión social, porque «el balance de Cospedal en Castilla-La Mancha es el 37% de la población en riesgo de pobreza y 53.000 parados más». Así lo ha asegurado Matilde Valentín, portavoz de Bienestar Social del Grupo Parlamentario Socialista, en una nota de prensa, en la que ha subrayado que, desde que María Dolores de Cospedal es presidenta regional, «771.066 personas están en riesgo de pobreza o exclusión social, 9,5 puntos por encima de la media nacional, y hay 53.000 parados más».
Valentín ha afirmado que «las políticas de recortes de Cospedal han convertido también a Castilla-La Mancha en la comunidad donde la desnutrición y el riesgo de pobreza y/o exclusión social infantil es la más alta de España», con más de 200.000 niños que no comen adecuadamente, además de «ser líder en la reducción del gasto en servicios sociales de 2011 a 2013, con más de 300 millones de euros al año».
La diputada regional del PSOE ha asegurado que esos datos, conclusiones de estudios e informes de instituciones europeas y españolas, «tiran por tierra el mensaje triunfalista del PP y de Cospedal, porque son, sobre todo, el resultado de una política despiadada que ha hecho un terrible daño a los colectivos más desfavorecidos y a las clases medias de nuestra tierra».
Valentín ha citado como ejemplos de esta política de recortes la disminución en más de un 75 % del programa de pensiones y prestaciones asistenciales, la eliminación de las ayudas a más de 38.000 viudas y la reducción de las que percibían las familias numerosas, así como los recortes de los programas destinados a la cooperación, a los servicios sociales básicos, a la infancia, a la tele-asistencia y ayuda al domicilio.
En el ámbito de la dependencia, ha destacado que, en el periodo de mayo de 2011 a diciembre de 2014, casi 8.000 personas en lista de espera ya no reciben ninguna prestación o servicio, 15.000 familias han dejado de tener derecho y 9.000 trabajadores del sector ya no cotizan.