El Gobierno se compromete a reducir el déficit público desde el 3 % de PIB que espera lograr este año al 2,5 % en 2025, recayendo el mayor esfuerzo fiscal en el Estado, con un déficit previsto del 2,2 % del PIB, y dando más margen a comunidades autónomas (déficit del 0,1 % del PIB) y municipios (equilibrio presupuestario).
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha detallado parte de los objetivos de déficit abordados en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) mantenida este lunes.
Así, Montero ha comunicado a las autonomías que podrán incurrir en un déficit máximo del 0,1 % del PIB en 2025, lo que supone dos décimas de margen fiscal respecto a la anterior senda, que implicaba alcanzar un superávit del 0,1 % de PIB.
La senda fiscal vigente para las comunidades autónomas para el periodo 2024-2026, establece que el subsector autonómico tiene que llegar al equilibrio presupuestario en 2024 y que en 2025 y 2026 tenía que contar con un superávit del 0,1 % del PIB.
La nueva senda fiscal para el periodo 2025-2027, que mañana se aprobará en Consejo de Ministros y que tendrá que ser validada por las Cortes, da mayor margen fiscal a las regiones no solo en 2025, sino también en 2026 y 2027, años para los que también se fija un déficit del 0,1 % del PIB.
Asimismo, para las entidades locales fija la estabilidad presupuestaria, con un margen del 0 % para los tres próximos años, cuando la senda anterior apuntaba a un superávit del 0,1 % en 2025 y del 0,2 % en 2026.
Así, ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos tendrán que hacer un esfuerzo extraordinario para alcanzar los objetivos recogidos en la senda de déficit que se remitirá a la Comisión Europea, de forma que el esfuerzo será para la administración central, que deberá situar su déficit a cierre de 2025 en el 2,2 %.
Con todo, el déficit público se situará en el 3 % al cierre de este año, para reducirse al 2,5 % en 2025 (frente al 2,7 % de la senda vigente), al 2,1 % en 2026 (frente al 2,5 %) y al 1,8 % en 2027, objetivos que van en línea con las nuevas reglas fiscales, ha dicho Montero.
En cuanto a la deuda, el Estado seguirá reduciendo la senda y, en el caso de las comunidades autónomas, se deberá situar en el 20,8 % del PIB en 2025, el 20 % en 2026 y el 19,4 % en 2027.
Adelanto récord del sistema de financiación en 2025
En la reunión de este lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Montero también les ha explicado que recibirán el próximo año 147.412 millones de euros en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación, un 9,5 % superiores a las recibidas como adelanto en 2024.
Tal y como ha señalado Montero, tanto las autonomías como Ceuta y Melilla dispondrán el año que viene de un total de 158.167 millones si a las entregas a cuenta se suma la liquidación de 2023, que alcanza 11.692 millones. En total, un 2,5 % más de financiación que lo previsto para 2024.
Las entidades locales en 2025 recibirán 26.893 millones en concepto de entregas a cuenta, lo que supone un incremento del 13,1 % en relación con las entregas de 2024.
CLM critica que PSC y ERC decidan
El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz, ha criticado este lunes que «dos partidos políticos de carácter regional» como el PSC y ERC «estén decidiendo sobre las finanzas» del conjunto del país, y ha tachado de «chantaje» la propuesta de financiación singular de los independentistas.
Así lo ha declarado a los medios a la salida del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado hoy en el Ministerio de Hacienda, que, para el consejero castellano-manchego, no ha cumplido con las expectativas, pues «no se ha avanzado» en la reforma de la financiación autonómica. «Nos vamos como hemos venido», ha dicho.
Ruiz ha preguntado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por la financiación singular que plantea la Generalitat de Cataluña. «Parece ser que el Gobierno de la nación no está negociando con Cataluña un nuevo modelo de financiación, pero alguien está negociando, y todos sabemos que ese es el PSC y ERC», ha explicado el consejero al respecto.
La propuesta catalana supone, según Ruiz, «romper la riqueza nacional en tantos trozos como comunidades autónomas se quieran acoger a ese modelo», y representa «una postura claramente regresiva que va en contra de los principios más elementales de la Constitución».
En otro orden, Montero ha comunicado a las autonomías que podrán incurrir en un déficit máximo del 0,1 % del PIB en 2025, lo que supone dos décimas de margen fiscal respecto a la anterior senda, a lo que Ruiz ha comentado que Castilla-La Mancha «no quiere más déficit», sino «más ingresos».
En este sentido, Ruiz ha pedido la creación de un fondo transitorio que atienda las necesidades de las regiones «infrafinanciadas» mientras se reforma el sistema de financiación, pero la ministra «no tiene mucho interés».
Por último, Castilla-La Mancha ha rechazado la propuesta de reforma del reglamento del CPFF de las regiones gobernadas por el PP, que pretendía, a ojos del consejero, «tener derecho de veto para paralizar la acción del Gobierno estatal».