lunes, 25 de noviembre de 2024
Contra el paro de los pueblos 10/05/2013junio 12th, 2017

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, ha presidido la Comisión Regional de Seguimiento del Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas, mediante el cual el Gobierno de España y el Gobierno de María Dolores Cospedal han asignado a Castilla-La Mancha 9,2 millones de euros, destinados al fomento del empleo en las zonas rurales deprimidas, creando con ellos 2.935 puestos de trabajo en 292 localidades de la región, según ha informado la Delegación del Gobierno.

«Hemos acordado los criterios de distribución para que las ayudas sean realmente destinadas a las zonas rurales deprimidas, adaptando el decreto de 1997, para encontrar los mecanismos mediante la colaboración del Gobierno de España y el Gobierno de Castilla-La Mancha para solucionar el problema del desempleo en las zonas rurales deprimidas», ha destacado el delegado del Gobierno tras la reunión.


La Comisión Regional de Seguimiento, presidida por el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, ha estado compuesta por representantes de la administración del Estado, de la administración autonómica, de la Federación de municipios y provincias, de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha y de organizaciones sindicales y agrarias.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha ha mostrado su «agradecimiento a los participantes en la Comisión Regional, representantes del Estado, autonómicos, municipales y de organizaciones sindicales y agrarias por su disposición y colaboración para la puesta en marcha de estos planes de empleo».

Esta Comisión de Seguimiento forma parte de las medidas incluidas en el Programa de Fomento del Empleo Agrario en Zonas Deprimidas que el pasado 23 de mayo de 2012 anunció la presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal. Tal y como señaló la presidenta, estas ayudas fueron creadas por el anterior Gobierno del Partido Popular en 1997 y están destinadas a reducir los desequilibrios en las zonas rurales más desfavorecidas, impulsando el empleo agrario y eliminando los desajustes comparativos, en una región eminentemente agrícola como es Castilla-La Mancha.

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