El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas del ejercicio de 2012 en Castilla-La Mancha revela que la gestión del Gobierno regional estuvo «plagada de irregularidades» y tuvo «graves deficiencias», según ha dicho hoy el portavoz del grupo socialista en las Cortes autonómicas, José Luis Martínez Guijarro.
En rueda de prensa, Martínez Guijarro ha considerado que el informe anual de 2012 pone de manifiesto «que la gestión económica y financiera de la comunidad autónoma no solo no ha sido tan espléndida como quiere vender el Gobierno sino que está plagada de irregularidades».
También ha constado «que los recortes no fueron la solución a la situación económica sino que más bien fueron la causa y del incremento desmesurado de la deuda pública en la comunidad autónoma».
Entre otros aspectos relevantes, Martínez Guijarro, ha señalado las múltiples deficiencias en el inventario general en el inmovilizado material de la Junta, así como las incoherencias en el estado de tesorería con arreglo a los lugares de la cuenta general.
Según el portavoz socialista en la tesorería de la Junta de Comunidades aparecen cantidades manifiestamente diferentes entre el estado de tesorería, el remanente de tesorería o los saldos de las cuentas bancarias de la comunidad autónoma.
En el caso de las cuentas bancarias, el informe del Tribunal de Cuentas habla de problemas graves en torno al control, ya que en cuentas bancarias la firma para la disposición de fondos no se ajusta con lo que prevé la normativa de la comunidad autónoma.
Esta normativa establece que las cuentas tienen que ser siempre mancomunadas, pero en el caso de 55 cuentas la firma es indistinta, en otras 20 solo hay una firma autorizada y en seis las personas que estaban autorizadas ni siquiera prestaban ya servicio para la comunidad autónoma, ha precisado Guijarro, que ha calificado estas circunstancias como «deficiencias graves».
Asimismo, Guijarro ha destacado que el Tribunal de Cuentas achaque el crecimiento continuo de la deuda pública en Castilla-La Mancha a que hubo un incremento importante del endeudamiento de la comunidad autónoma.
El Tribunal de Cuentas achaca básicamente este incremento al sistema de modificaciones presupuestarias que llevó a cabo el Gobierno regional a lo largo de 2012, ha indicado Guijarro.
Se modificó el presupuesto al alza en más de 2.000 millones de euros, de los que 1.960 millones, según el Tribunal de Cuentas, no tienen financiación, lo que según Guijarro, pone de manifiesto que ese gasto por encima de lo presupuestado sin financiación provoca un incremento de la deuda pública.
Guijarro ha considerado que es uno de los aspectos «más preocupantes» del informe del Tribunal de Cuentas, que advierte que los ratios de garantía y de solvencia de la comunidad autónoma por esta práctica «son extremadamente bajas».
También se refiere el Tribunal de Cuentas al incumplimiento del objetivo de déficit y pone de manifiesto la «brutal» reducción de empleados públicos que ha habido en Castilla-La Mancha, que solo en 2012 se perdieron más de 11.000 empleos públicos.
Además, apunta que hubo numerosos pagos duplicados a muchos proveedores, lo que hizo necesario la puesta en marcha de expedientes de reintegro de las cantidades abonadas indebidamente.
Otro de los aspectos del informe, citado por Guijarro, ha sido el de la falta de control de las subvenciones nominativas que se contemplaban en el presupuesto de la Junta para diversas entidades públicas, principalmente fundaciones, porque no se realizaron comprobaciones sobre los gastos justificados, sobre la realización de la actividad o sobre el cumplimiento de la finalidad.
Igualmente, el Tribunal de Cuentas criticó la modificación legislativa de la Ley de Haciendas, que posibilita el retraso en la presentación de las cuentas generales de la comunidad autónoma del 30 de junio al 31 de octubre.
Por último, llama la atención a que la cuenta general no incluyó debidamente las cuentas del ente público Radiotelevisión Castilla-La Mancha (RTVCM), «no entendemos por qué no se incluyeron las cuentas del ente en la cuenta general cuando está sometido a esa obligación».