El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, ha informado hoy de que el Ministerio de Fomento investiga los sobrecostes «desorbitantes» derivados de las expropiaciones de terrenos que están afrontando las concesionarias de las autopistas de peaje.
Tras comparecer en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados para explicar el proyecto de ley de presupuestos de Fomento para 2013, Catalá ha indicado que en todos los procesos que están en trámite el ministerio tratará de defender los intereses del Estado.
Asimismo, ha lamentado que los tribunales hayan valorado -en el caso de las radiales de Madrid- los terrenos como suelo urbano, una circunstancia que ha calificado de «barbaridad».
En este sentido, ha señalado que estos precios son inadecuados a la valoración real de ese suelo rústico.
Por ello, ha abogado por salvaguardar el interés general ya que las concesionarias se encuentran en una situación compleja que impide soluciones fáciles y directas.
En el marco de su comparecencia, ha indicado que cada concesionaria tiene sus circunstancias y que por ello se tienen que «buscar soluciones singulares a problemas singulares».
Hay costes «desorbitantes» que estamos investigando, ha señalado Catalá, quien ha añadido que se están llevando al Consejo de Ministros declaraciones de lesividad y acuerdos de expropiación «absurdos».
Asimismo, ha explicado que los préstamos participativos en 2013 se realizarán a cuenta de la responsabilidad patrimonial del Estado para evitar dar el dinero a aquellas sociedades que estén abocadas al concurso de acreedores.
Por otro lado, ha recordado que Fomento se ha visto obligado a destinar 600 millones de euros para atender expropiaciones anteriores y ha anunciado que este pago ya se está produciendo.
De cara a 2013 ha afirmado que los gastos derivados de ejercicios anteriores en materia de carreteras ascienden a 671 millones, fundamentalmente en concepto de revisiones de contratos y gestiones que quedaban pendientes.
«Está bien que sigamos haciendo obra pero tampoco está mal que paguemos las obligaciones pendientes», ha subrayado Catalá, quien ha lamentado que el pago de estas obligaciones no haya permitido hacer más carreteras.
Además, ha reconocido que nueve de las concesionarias se encuentran en una situación complicada y cuatro en trámites concursales, entre ellas la concesionaria de la AP-41 Madrid-Toledo, para lo que Fomento mantendrá los préstamos participativos y las cuentas de compensación.
«Estamos trabajando con cada una de ellas para encontrar soluciones singulares a problemas singulares», ha indicado Catalá, quien ha subrayado que los problemas que atraviesan estas sociedades responden a la caída del tráfico y al sobrecoste de las indemnizaciones por expropiaciones.