La diputada regional del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Pilar Martínez Peñarrubia, ha asegurado que hay «lncertidumbre en los ayuntamientos castellano-manchegos ante la duda de si el Gobierno de García-Page incluirá en los Presupuestos regionales de 2016 las ayudas del Fondo de Acción Especial (FAE) y las del Fondo Regional de Cooperación Local (FORCOL)».
Según ha manifestado la parlamentaria del PP, «tras la mejora de la situación económica de Castilla-La Mancha gracias al Gobierno de María Dolores Cospedal, que logró sacar a nuestra comunidad autónoma de prácticamente la quiebra y consiguió poner a la Junta al día de las deudas pendientes, entre ellas todo lo que el PSOE dejó a deber a los ayuntamientos, cerca de 400 millones de euros, «es el momento adecuado para retomar estas ayudas».
Además, Martínez ha indicado que Castilla-la Mancha recibirá del Estado una inyección de 450 millones de euros adicionales derivados del FLA, además de los ingresos provenientes del sistema de financiación autonómica de 325 millones más respecto a 2015, gracias a la extraordinaria gestión ejecutada durante los dos últimos años por un Gobierno del Partido Popular, «por lo que estamos convencidos de que el Gobierno de Page tiene que ser capaz de destinar gran parte de estas cantidades a los ayuntamientos».
La diputada regional ha exigido a Page que el reparto de estos fondos sea en base a criterios técnicos y objetivos, teniendo en cuenta sobre todo las necesidades de las zonas rurales, «y no vuelvan al sectarismo político de años de gobiernos socialistas, cuando los grandes beneficiados del FORCOL eran los ayuntamientos gobernados por el PSOE».
Por ello, Pilar Martínez ha pedido al Gobierno del PSOE que «se pronuncie sobre cómo piensa ayudar a los ayuntamientos castellano-manchegos, porque es lamentable que a fecha de hoy, yo que también soy alcaldesa, no sepamos con seguridad con qué ayudas vamos a poder contar este año y con cuáles no».
De igual modo, Martínez Peñarrubia ha pedido también a Page que las ayudas a los comedores escolares las pague el Gobierno regional y no los ayuntamientos «que bastante carga tenemos que soportar», que lleve a cabo la gratuidad del transporte escolar infantil y que ejecute y ponga en marcha los Centros de Atención a la Infancia (CAIs) previstos con la gestión íntegra por parte de la Junta de Comunidades.