El sindicato STAS ha remitido una nota de prensa en la que indica que «hoy es 8 de julio y, como millones de trabajadores de este país, el personal laboral de la Junta se ha quedado sin convenio colectivo por aplicación de la nefasta Reforma Laboral de Rajoy. Lo realmente grave del asunto, y por lo que destacamos este convenio en particular, que afecta a 7.000 trabajadores y trabajadoras, es que esta situación se produce por la incapacidad de llegar a un acuerdo del Gobierno Regional de María Dolores de Cospedal, que el pasado viernes cerró la negociación en falso, con grandes desacuerdos en temas estructurales y con un nuevo chantaje encima de la mesa, dando de esta forma un lamentable ejemplo al resto de sectores, y mostrando una vez más su cara menos dialogante».
«Ha quedado demostrado como el Gobierno de Cospedal, como un empresario sin escrúpulos, ha diseñado su estrategia en base a la caducidad del convenio que se produce hoy, actuando con innegable mala fe negociadora. De esta manera, la Administración ha estado mareando la perdiz durante tres cuartas partes de la negociación, esperando a las últimas reuniones para mostrar sus verdaderas intenciones, utilizando el 8 de julio como una permanente espada de Damocles, de una manera chantajista y muy poco ética», denuncian en un comunicado.
Para el sindicato, «resulta difícil de explicar que, sin haber habido ninguna presión por parte del colectivo de empleados públicos (nos fue denegado el permiso para realizar una concentración el 20 de junio), el gobierno regional retirase la lamentable propuesta de extinguir más de 10 categorías, que fue rechazada de plano por toda la parte social, a no ser que la utilizase como baza para negociar con ventaja. La Junta sabe que con la amortización de categorías difícilmente ningún sindicato hubiera firmado el convenio; pero ¿y si retiramos esa propuesta y mantenemos el resto de los recortes?».
En la última reunión de la comisión negociadora del VII Convenio Colectivo, la Administración «nos plantea un nuevo chantaje: El Convenio recoge la renuncia expresa a no hacer EREs en la Administración a cambio de facilitar las movilidades funcionales. Al personal laboral se le podrá atribuir funciones (de forma temporal o con carácter definitivo) de cualquier categoría de personal laboral, de superior o inferior grupo profesional, eliminando para ello el requisito de titulación específica de la categoría».
Esto significa, por ejemplo, que «a un cocinero de un colegio le podrán asignar las funciones de un auxiliar técnico educativo o a un conductor funciones de limpieza o de ayudante de cocina si la administración justifica que existen necesidades. ¿Cómo justificar esa necesidad? En tanto que no se cubran las plazas vacantes, situación que se da en la mayor parte de centros de la Junta. Esta es su manera de desprofesionalizar la labor que realiza el colectivo y privar a una persona de poder ejercer el trabajo al cual ha accedido a través de una oposición en la que se le ha valorado el mérito y la capacidad. Todo esto tiene un trasfondo que no es otro que dejar manga ancha para poder seguir cerrando centros o servicios y despedir interinos a discreción, con una clara intención de extinguir el colectivo a medio plazo y privatizar lo más rápido posible».
Con la movilidad geográfica, «nuevo chantaje: acceden a limitarla a 50 kilómetros si se exceptúa de esta limitación al personal de las brigadas de Fomento. ¿Por qué? Porque para este colectivo y para los conductores del parque móvil tienen preparado algo gordo para los próximos meses (les sobran y así lo han expresado varias veces)».
Así pues, «exigimos al Gobierno regional que vuelva a abrir la vía del diálogo, para lo cual es necesario que retire este enésimo chantaje y que abandone la mesa camilla (propuesta por el propio director general en la última reunión). En otras circunstancias pediríamos la intervención del consejero Leandro Esteban, pero éste no ha estado presente en ningún momento ni tampoco se le espera».