La Sindicatura de Cuentas advierte de las «graves irregularidades» encontradas en la gestión económica del Parque Arqueológico de Carranque (Toledo) entre los años 2008 y 2010 hasta el punto de que hay un «elevado riesgo de falsedad en documento público y de doble contabilidad».
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), consultado por Efe, recoge el informe definitivo de 2010 elaborado por la Sindicatura de Cuentas de los organismos y consorcios en los que participa de forma mayoritaria el Gobierno regional.
Entre éstos están los cuatro parques arqueológicos: Recópolis, Segóbriga, Alarcos y Carranque, así como los consorcios de las ciudades de Toledo y Cuenca, los centros asociados de la UNED o el Plan Especial del Alto Guadiana, al que la Junta no había abonados a fecha de diciembre de 2010 la cantidad presupuestada para este organismo y que era de 787.500 euros.
Respecto al Consorcio del Parque Arqueológico de Carranque, la Sindicatura de Cuentas, que no ha recibido toda la documentación solicitada, pone en cuestión la «viabilidad» a corto y medio plazo de este consorcio, participado mayoritariamente por la Junta, y que a fecha del 31 de diciembre de 2010 presentaba un remanente de tesorería negativo de 763.382 euros.
Para elaborar su informe, la Sindicatura de Cuentas hace referencia al que hizo la Intervención General de la Junta sobre las cuentas de los ejercicios económicos de 2008 y 2009.
De este informe, la Sindicatura de Cuentas destaca que la gestión del Consorcio del Parque Arqueológico de Carranque «no puede ser calificada como presupuestaria» al vulnerarse los principios generales de la Ley de la Hacienda Regional.
Además, en el informe se recoge que la ejecución del gasto público y la correspondiente al pago del mismo se realiza «prescindiendo totalmente de cualquier procedimiento normalizado» y además, «no se cumplen las escasas normas existentes».
También destaca la Sindicatura de Cuentas que la gestión del parque de Carranque se hizo en «ausencia de unos mínimos registros internos en lo que al gasto y al pago se refiere» y que únicamente consta la existencia de registros relativos a las ventas de productos de la tienda.
Asimismo, los actos de naturaleza económico-financiera se ejecutan «sin sometimiento a unos criterios mínimos de control» y las escasas normas internas resultan «reiteradamente incumplidas».
«Las graves irregularidades de las cuentas anuales implican un elevado riesgo de falseamiento en documento público así como la existencia de una doble contabilidad», dice el organismo fiscalizador, que añade que se entregaron unas «cuentas anuales distintas de las que se remitieron desde la Dirección General de Patrimonio Cultural.
Las cuentas del citado consorcio -dice el informe del Síndico consultado por Efe, «no disponen de todos los estados contables que establece el Plan General de Contabilidad Pública y carecen de balance, cuenta del resultado económico y patrimonial, así como de una memoria».
También se da un «incumplimiento» de las normas aplicables en materia de contratación del sector público y normas internas y en este sentido la Sindicatura explica que durante 2009 la empresa pública ‘Tragsa’ facturó al citado consorcio 1.294.728 de euros en concepto de servicios prestados en virtud de «encargo con carácter obligatorio».
Sin embargo, Tragsa «no puede ser considerada como medio instrumental propio y servicio técnico del consorcio, lo que imposibilita la consideración de encargos con carácter obligatorio».
Por todo ello, la Sindicatura sostiene que la viabilidad del Consorcio del Parque Arqueológico de Carranque a corto y medio plazo «está comprometida» por carecer de fuentes de financiación suficientes y mantener una elevada deuda, por lo que recomienda adoptar medidas para subsanar las deficiencias encontradas.