viernes, 18 de octubre de 2024
informe del síndico 14/06/2012junio 13th, 2017

Casi 10 millones de euros quedaron pendiente de pago por concepto de subvenciones el año 2007. Año en el que la Administración fijó los créditos iniciales en 4.898.258.000 euros, aunque posteriormente se modificaron en 163.078.000 euros.

Así se desprende del análisis de la actividad subvencionadora de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, correspondiente al ejercicio de 2007, que ha realizado la Sindicatura de Cuentas y que ha publicado el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.


La Sindicatura ha constatado «diversos incumplimientos» en relación al contenido mínimo de las bases reguladoras y convocatorias de subvenciones, persistiendo aún una falta de adecuación de órdenes anteriores a la legislación vigente en el ejercicio 2007″.

Por otra parte, en algunas secciones «la aprobación del gasto no se realiza al tramitar las convocatorias ni en el momento de conceder los expedientes individuales, sino que se producen en el momento de abono de las ayudas, tras la justificación de la ayuda aprobada».

En algunas convocatorias no se produce la comparación de las solicitudes presentadas, no se concreta ningún sistema de verificación o control posterior… «En la mayoría de expedientes se observa un deficiente control de la documentación justificativa de las subvenciones».

Ante ello, la Sindicatura propone una serie de medidas para mejorar la gestión económico-financiera como son revisar los procedimientos administrativos, realizar la aprobación del gasto y su contabilización en el momento procesal oportuno, extremar el control interno de las subvenciones, establecer un orden claro de la documentación de justificación y exigirlo en la presentación, además de establecer en las bases reguladoras el procedimiento a seguir para la realización de controles posteriores que verifiquen el mantenimiento de las condiciones de actividad e inversión que se requirieron en la concesión.

Al mismo tiempo, desde la Sindicatura se recomienda la puesta en marcha de un mecanismo de control financiero de las ayudas.

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