El Tribunal supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la legalidad de la intervención de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y la sustitución de su consejo de administración, decidida el 12 de mayo de 2009 por el Ministerio de Economía a instancia del Banco de España.
Este tribunal rechaza así el recurso de casación presentado por el expresidente de la caja Juan Pedro Hernández Moltó y otros administradores de la entidad manchega.
Asimismo, obliga a Hernández Moltó y al resto de directivos que presentaron el recurso a hacerse cargo de las costas del proceso, que se elevan a 4.000 euros.
La sentencia del Supremo, a la que ha tenido acceso EFE, reconoce que en la caja manchega se daba una situación «de excepcional gravedad, que ponía en peligro la estabilidad de la entidad» de no haberse procedido a la intervención.
Además, la sustitución de los administradores, prosigue la sentencia, fue conforme a Derecho y no hubo arbitrariedad.
En marzo de 2009, el Banco de España tomó el control de CCM tras destituir a su consejo de administración y acordar inyectar liquidez en la sociedad, en lo que supuso la primera intervención desde la de Eurobank en 2003 y la mayor desde la de Banesto en 1993.
El fracaso de su proyecto de fusión con Unicaja obligó al Consejo de Ministros a aprobar de forma urgente la concesión de un aval del Tesoro por importe de hasta 9.000 millones de euros para solucionar los problemas de liquidez de la entidad financiera.
CCM recibió un total de 3.775 millones de euros procedentes del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), a lo que hay que sumar las ayudas a Cajastur por su fusión con la entidad intervenida.
Sus antiguos administradores recurrieron la intervención y pidieron su nulidad, algo que ya fue rechazado por la Audiencia Nacional en octubre de 2010.
Hernández Moltó fue el primer directivo de una caja de ahorros en ser imputado por su supuesta mala gestión.