Arturo Romaní, Vicente Tirado y dos representantes del Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas tiene previsto aprobar la fiscalización de las cuentas públicas y de la Universidad de Castilla-La Mancha del año 2012 al inicio del próximo año, según ha asegurado el consejero Ángel Algarra, que hoy ha recibido toda la documentación de la desaparecida Sindicatura de Cuentas regional.
Algarra ha recibido el informe de manos del presidente de las Cortes regionales, Vicente Tirado, y del consejero de Hacienda, Arturo Romaní, quienes han comparecido en rueda de prensa para dar cuenta del traspaso de la cuenta general de la comunidad autónoma al organismo nacional.
El consejero ponente para las distintas autonomías ha calificado de «absoluta normalidad» la asunción de funciones de fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas, que se inició el pasado mayo, y ha asegurado, a preguntas de los periodistas, que «el objetivo es que este elaborado y remitido hacia noviembre».
«Si no hay dificultades, y el consejero (Romaní) ha dicho que no habrá ninguna, para noviembre el informe estará en alegaciones y luego habrá los plazos que se marca el tribunal, el periodo de observación por parte de la Consejeros, y a finales de enero confío que este aprobado y publicado en la web del Tribunal», ha señalado.
En todo caso, y sobre la fiscalización de la Universidad regional, ha apuntado que «no corre tanta prisa y el año que viene se incorporará el ejercicio de 2013 para la comunidad».
El consejero de Hacienda, Arturo Romaní, ha expuesto que «desde el minuto 1 ha sido un objetivo prioritario realizar un control exhaustivo del gasto público, no solo en la vertiente económica sino en el marco de la legalidad» y por eso se ha puesto a disposición del Tribunal de Cuentas para reforzar «la credibilidad, confianza, transparencia y ser fiables en la gestión de lo público».
En este sentido, se ha referido «a las innumerables medidas» puestas en marcha por el Gobierno regional para que sea toda una realidad, y ha citado la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el control de las facturas o el registro de gastos de la Junta.
«En definitiva, somos y queremos seguir siendo referencia de credibilidad y de fiabilidad en lo público, y estamos dispuestos a colaborar y a plena disposición del Tribunal de Cuentas porque queremos las cuentas claras en el sector público», ha concluido.
Por su lado, el anfitrión en el acto de entrega de toda la documentación, Vicente Tirado, ha resaltado que con la desaparición de la Sindicatura de Cuentas se ha pretendido contar con «una administración más racional, eficaz y evitar las duplicidades».
Un hecho, ha indicado, que no solo tiene un componente económico y de ahorro, sino también de racionar las administraciones públicas y, con ello, «evitar la excesiva burocratización».
«Estamos en las mejores manos para fiscalizar las cuentas de Castilla-La Mancha», ha valorado sobre la contribución del órgano nacional, al que el Parlamento autonómico prestará «toda la colaboración» para que «los ciudadanos tengan la completa seguridad de que todo se fiscaliza, y correctamente».
Y todo, ha concluido, para que «el ciudadano se sienta agusto con una dimensión justa, racional, sostenible y equilibrada, y tenga la seguridad de que sus impuestos se utilizan de manera correcta».