El Tribunal de Cuentas ha publicado el informe de fiscalización de Castilla-La Mancha correspondiente a 2012, el primero tras la supresión de la Sindicatura de Cuentas, en el que se destacan las medidas para corregir el déficit.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha informado en un comunicado de la publicación de este informe y ha recalcado que la supresión de la Sindicatura de Cuentas, aprobada a mediados de 2014, ha permitido un ahorro de 1,6 millones y «eliminar duplicidades de la Administración regional», pero «no ha supuesto menor control».
De este modo, el Tribunal de Cuentas ha elaborado y publicado el informe de fiscalización de Castilla-La Mancha relativo a 2012, el primer año de Gobierno completo de la presidenta autonómica, María Dolores de Cospedal, que -tal y como ha recordado el comunicado- «se comprometió a que el informe de fiscalización estuviera terminado a principios de 2015.
El informe ha sido enviado hoy a la comunidad autónoma por parte del presidente del Tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, y en el documento de más de 250 páginas, pone de manifiesto una serie de mejoras realizadas en la gestión durante 2012, así como determinadas deficiencias sobre el sistema contable y financiero de carácter formal, que en la mayoría de los casos ya estaban presentes en las cuentas presentadas de ejercicios anteriores.
En este sentido, el Gobierno regional ha afirmado que en muchos casos, esas deficiencias ya han sido corregidas o están en vías de corregirse y ha destacado que la cuenta general y las cuentas individuales han sido presentadas en plazo, de acuerdo con los principios y normas contables definidos en los planes de contabilidad.
Asimismo, ha confiado en que los aspectos que ya han sido corregidos «se refleje en los informes sucesivos».
Entre los puntos del informe del Tribunal de Cuentas, el Gobierno regional ha destacado las «extraordinarias medidas» llevadas a cabo por el Gobierno regional para corregir el grave problema de déficit público de la comunidad.
De hecho, el informe recoge que el déficit de 2011 fue del 7,31 por ciento, (frente al objetivo del 1,3 por ciento), lo que suponía un exceso de 2.789 millones sólo en ese ejercicio, mientras que 2012 terminó con un déficit del 1,5 por ciento -557 millones- «gracias al esfuerzo adoptado y a las medidas del Gobierno regional», ha destacado el comunicado.
Por tanto, el informe destaca que en un solo año el déficit se redujo de 2.789 millones a 557 millones, es decir, un 80 por ciento.
Para el Gobierno regional, este esfuerzo de consolidación fiscal tiene aún más valor si se tiene en cuenta que en 2012 fue necesario reconocer gastos que procedían de ejercicios anteriores, como se indica en el informe, como gastos del Servicio de Salud por 41 millones que no se habían reconocido en los ejercicios a los que correspondían.
También añade el Gobierno regional que en diciembre de 2011 fue necesario realizar un suplemento de crédito por 1.534 millones para compromisos de gasto de ejercicios anteriores que no fueron debidamente contabilizados en su momento.
Además, el informe recoge una serie de recomendaciones que, ha sostenido el Ejecutivo regional, serán convenientemente atendidas por el Gobierno de Castilla-La Mancha para mejorar los mecanismos de información y los sistemas contables.
El informe del Tribunal de Cuencas también recoge que Castilla-La Mancha ha realizado un «importante esfuerzo» de contención del gasto y de obtención de mayores ingresos sin que haya existido merma de los servicios fundamentales.
También recoge los datos de los diferentes gastos e ingresos, y destaca que los ingresos reconocidos netos se elevaron a 11.089 millones de euros, lo que supone un incremento del 64 por ciento respecto al ejercicio anterior.
En el ámbito de la racionalización del sector público, el informe destaca la «importante reducción» de entes que se ha realizado en la comunidad autónoma.
Así, estaba prevista una reducción de 44 entidades respecto a los 82 existentes y, según recoge el informe, a finales de 2012 ya se habían suprimido 32 de los 44, lo que propició un ahorro de 35 millones.
También se destaca en el documento que hay varias recomendaciones de las señaladas por la Sindicatura de Cuentas en sus anteriores informes que han sido cumplidas, como por ejemplo la reestructuración del endeudamiento vivo y establecer un límite de gasto no financiero.