La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M) ha anulado los servicios mínimos impuestos por el Gobierno de Cospedal en educación con motivo de la huelga de empleados públicos de la Junta de Comunidades del pasado 29 de febrero y recurridos por CCOO.
La sentencia del TSJC-M, que tiene fecha de 2 de noviembre y ha sido facilitada esta tarde a los medios por Comisiones Obreras, se ha conocido justo en la víspera de la reunión que mantendrá mañana, miércoles, el Gobierno regional con los sindicatos para negociar los servicios mínimos de la huelga general del 14 de noviembre.
La sentencia declara «injustificados» y «no proporcionados» los servicios mínimos impuestos el pasado 29 de febrero por la Consejería de Educación.
Y advierte de que unos derechos mínimos abusivos como éstos lesionan el ejercicio del derecho de huelga, «un derecho fundamental», mientras que el ejercicio del derecho de huelga no lesiona «el derecho esencial de la ciudadanía a la educación».
El TSJC-M rechaza de manera expresa que en los colegios, además del director o directora y el o la jefe de Estudios, deban estar de servicios mínimos un maestro o maestra por cada tres unidades y en los colegios rurales agrupados un docente por cada sede.
A juicio del tribunal, tampoco existe «motivación concreta» para que en los IES y el resto de centros haya un profesor o profesora por cada seis unidades o en las Escuelas Infantiles un técnico especialista en jardín de infancia o educador por cada dieciséis alumnos o fracción menores de un año, por cada veintiséis alumnos o fracción de entre uno y dos años, y por cada cuarenta alumnos o fracción de entre dos y tres alumnos.
El TSJC-M dice también no entender por qué todos estos efectivos se añaden a los servicios mínimos fijados para huelgas anteriores.
Según CCOO, la propuesta de la Consejería de Educación para el próximo 14 de noviembre «vuelve a ser la misma que acaba de anular el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha».
Y, en este sentido, pide al consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín, que retire su propuesta y «evite que los tribunales le tengan que enmendar permanentemente la plana».
A juicio de CCOO, «de no hacerlo, Marín bordeará claramente los aledaños de la prevaricación».