«El Tribunal Superior de Justicia de CLM ha emitido una providencia en la que da un ultimátum de cinco días a la Junta de Comunidades para que se pronuncie expresamente sobre si se opone o no a la ejecución provisional presentada por STAS y UGT para la readmisión de 391 interinos, a la vista de la ambigüedad del contenido del escrito presentado por la Junta», informan ambos sindicatos en nota de prensa.
Una vez conocida la sentencia de la readmisión de los interinos en la Administración regional, la Junta recurrió al Tribunal Supremo dicha sentencia y STAS y UGT solicitaron al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha la ejecución de la sentencia, «considerando que esta ejecución provisional tiene un efecto beneficioso para ambas partes puesto que los funcionarios al ser reingresados percibirían sus retribuciones, mientras que la Junta obtiene el debido beneficio con motivo de los servicios que prestarán en la Administración», aclaran en un comunicado de prensa.
El Superior dio un plazo para que la Junta presentase sus alegaciones y ahora, el mismo tribunal, emite una providencia dada la «ambigüedad» de las alegaciones.
Desde los sindicatos consideran que «lo único que pretenden es entorpecer el proceso para intentar dilatar y no cumplir la ejecución de la sentencia» y estiman que «los argumentos técnicos que esgrimen para la dificultad de la ejecución de la sentencia se solventaría con un trabajo previo de la Administración al disponer de todos los datos precisos para ello». Al tiempo, apuntan que «los cambios estructurales llevados a cabo por la Administración para integrarlos en las unidades administrativas precisas se resolverían con la convocatoria de una Mesa Sectorial en el que se analizará el tema, algo a lo que se ha negado sistemáticamente la Dirección General de Función Pública».
Insisten desde UGT y STAS que «la falta de ejecución de la sentencia supone un grave perjuicio para los intereses de la región de muy difícil reparación, ya que el resarcimiento de daños y perjuicios en que consiste el abono de los salarios dejados de percibir pueden suponer una cantidad importante que aumentaría si se demorasen hasta que hubiera sentencia definitiva».
La sentencia definitiva, que llegaría de mano del Supremo, podría conocerse dentro de un año, según estimaciones de los sindicatos; mientras que la solicitud del reingreso de los funcionarios, que depende del Superior y que es de donde parte el «ultimátum», podría resolverse en uno o dos meses como muy tarde.
Los sindicatos aseguran que «no nos vamos a quedar quietos» y la primera medida que han tomado es convocar para mañana, 3 de abril, un asamblea general de interinos en el Centro Social de Santa María de Benquerencia (Toledo) para analizar la situación y acordar todas las posibles acciones a realizar «para que dicha ejecución se haga efectiva».