Medio centenar de empleados de la empresa Socialmancha, cuyo fin es emplear a personas con riesgo de exclusión social o discapacidad, han protestado en Toledo por el impago de sus nóminas y han alertado de que son un colectivo muy vulnerable que, sin trabajo, puede acabar «pidiendo en las calles». Una pancarta bajo el lema «Ajustes sí, pero no así» ha presidido la concentración, convocada por CCOO y UGT, en la que los congregados han coreado consignas como «Cospedal, paga ya» o «Queremos trabajar», bajo un estruendo de pitidos continuos.
La empresa, participada en un 60 por 100 por la Junta de Castilla-La Mancha, adeuda a los trabajadores, según han denunciado, entre cuatro y cinco mensualidades.
Además, en los últimos días se les ha comunicado que realizará un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afectará a 39 de los 147 trabajadores.
El representante de UGT, Gustavo García, en declaraciones a los periodistas en la sede de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha donde se ha celebrado la concentración, ha denunciado que el ERE, que ha sido «impuesto», es irregular y ha pedido que la empresa negocie un ERE temporal.
En este sentido, ha criticado que los trabajadores despedidos, que aún no saben quiénes son, se «irán a la calle» con condiciones mínimas y con el impago de las nóminas que les adeudan.
Por su parte, otro de los representantes de UGT, Ginés Mata, ha resaltado que el 90 por 100 de los trabajadores de Socialmancha son personas con riesgo de exclusión social y ha alertado de que si se van «a la calle», lo harán «con una mano delante y otra detrás».
«Dentro de nada tendremos que ir a Cáritas a que nos den de comer. Son gente con riesgo de exclusión social y van a tener que estar en la calle pidiendo para comer», ha insistido Mata, quien ha alertado de que a algunos trabajadores ya les han cortado la luz.
Los representantes sindicales han entregado un documento informativo a los empleados en el que aseguran que la situación de Socialmancha es «de viabilidad», pues señalan que «el problema principal es la falta de liquidez ante los impagos de su deudores, principalmente la Junta».
Además, indica que si el Gobierno regional paga a la empresa, ésta podría hacer frente a «unas indemnizaciones adecuadas» y «no de mínimos en un futuro cercano, aunque tuviera que ser condicionado en tiempo y plazos».
«El problema no radica en la plantilla, si no en el pago de la deuda que tiene contraída principalmente con la Junta de Comunidades», insiste el documento, que anima a los empleados a reivindicar una negociación igualitaria entre las partes