La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales exige a los nuevos gobiernos autonómicos una inversión en servicios sociales del 10 por 100 de su presupuesto en 2019, con lo que Castilla-La Mancha deberá crecer el 20,8 % hasta los 740,83 millones de euros.
Esta asociación ha marcado «cinco líneas rojas» que en materia de servicios sociales deben cumplir los nuevos gobiernos autonómicos que se constituyan si «lo que importan son las personas», tal y como han reiterado los distintos candidatos durante la campaña.
Así, exige recuperar la inversión en servicios sociales anterior a los recortes; garantizar la tasa de reposición en el Sistema de Atención a la Dependencia; reforzar la red básica de servicios sociales de los ayuntamientos; consolidar las Rentas Básicas de Inserción y garantizar la vivienda en el contexto de referencia de las personas.
Para los directores y gerentes de los Servicios Sociales es el momento de cumplir con los programas electorales y reparar el «gravísimo deterioro» que han sufrido con el consiguiente efecto en la atención las personas y familias.
Exigen por tanto que se recupere la inversión en servicios sociales recortada en esta legislatura y avanzar hasta unos «mínimos imprescindibles», que establecen entre el 8 y el 10 por ciento de los presupuestos autonómicos, han expuesto hoy en un documento.
Cifran el recorte en el conjunto del Estado en el 13,3 % en las comunidades y ayuntamientos entre 2011 y 2013, pasando de un gasto de 354,02 euros por habitante a 306,91, es decir, 47,11 euros menos. Para esta asociación, la financiación de los servicios esenciales gestionados por las comunidades para una protección social «mínimamente digna» debe situarse, como mínimo, en el 70 % del gasto total (35 % para sanidad, 25 % para educación y 10 % para servicios sociales y protección social).
6.025 MILLONES MÁS EN PROTECCIÓN SOCIAL
Para 2019, los recursos destinados a la protección social deberían incrementarse en 6.025 millones de euros, un 56,9 % más de lo presupuestado en 2015, y las regiones que más deberían aumentar su esfuerzo son Baleares, Canarias y el País Vasco.
Sobre la tasa de reposición en el Sistema de Atención a la Dependencia, insisten en el deterioro y, en algunos casos, «demolición» que algunas comunidades han hecho de él que, ni siquiera garantiza la tasa de reposición.
Es decir, que cada vez son menos las personas que reciben prestaciones o servicios por su situación de dependencia. Por ello, reclaman a los nuevos gobernantes que repongan la citada tasa hasta llegar a los niveles más altos de su serie histórica.
Y en el caso de las comunidades con un porcentaje de atención inferior a la media estatal, les piden que se acerquen a ella y que incluyan como dependientes, a principios de 2016, a los de todos los grados.