La Federación Empresarial Toledana (Fedeto) anima a todos los empresarios de la provincia a recuperar lo pagado indebidamente de IBI si tienen un terreno en suelo urbanizado pero no desarrollado y a reclamar administrativa y judicialmente estas cantidades a los ayuntamientos que lo cobraron.
El presidente de Fedeto, Ángel Nicolás, y el socio del despacho ‘Moraleda abogados’, Juan Carlos Moraleda, han firmado esta mañana un convenio para cuyo objetivo es que los empresarios puedan recuperar un dinero «que nunca tenían que haber pagado», ha señalado Nicolás.
Ha añadido que la obligación de la patronal toledana es «defender» a los empresarios y no ir contra un ayuntamiento en concreto.
Moraleda ha señalado que después de la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014 debe tributar «desde ya» con un IBI rústico, en lugar de urbano, el suelo que aunque esté calificado como urbanizado no se haya desarrollado.
Según Moraleda, «desde ya» se debe aplicar esta sentencia e incluso sería retroactiva para los últimos cuatro ejercicios (desde 2011), aunque en su opinión debería revisar de oficio esta situación.
Ha argumentado que varias administraciones públicas son «corresponsables» ya que la ponencia de valores catastrales es un «entramado» en el que participan la Gerencia de Catastro (del Ministerio de Economía) y todos los ayuntamientos.
Y, en este sentido, ha dejado claro que si en algún momento de la elaboración de la ponencia de valores un ayuntamiento detecta que se han engrosado los valores «tiene el factor corrector» que puede aplicar, por lo que cual también es corresponsable.
Juan Carlos Moraleda ha asegurado que no es cuestión de buscar «culpables», pero ha habido «un silencio cómplice» de todas las administraciones públicas «porque todas se han beneficiado», en tanto los perjudicados han sido los empresarios y, en general, los ciudadanos.
También ha señalado que quien debe devolver (lo cobrado) es el organismo que percibe.
Por su parte, Ángel Nicolás ha recordado que Fedeto lleva «años» denunciando esta situación, dialogando con ayuntamientos y presentando alegaciones sin que hayan recibido respuesta o haya sido dilatoria.
«Lo hemos intentado de todas las manera posibles, muchas horas de trabajo, muchas horas de diálogo y no hemos llegado a nada, entonces no tenemos más remedio que acudir a esta vía», ha dicho.