miércoles, 27 de noviembre de 2024
un escalón por encima del bono-basura 14/05/2014junio 9th, 2017

La agencia de calificación Fitch ha decidido no mejorar la nota de la deuda del conjunto de las comunidades autónomas, como hizo el 25 de abril con la nota de España, por la debilidad fiscal que presentan, con varias de ellas con déficit, y su incapacidad para financiarse sin ayuda del Gobierno.

Fitch Ratings ha informado de que mantiene el suelo de la calificación en BBB-, es decir, un escalón por encima del bono-basura, con perspectiva estable, en especial por el apoyo que el Gobierno central seguirá prestando a las comunidades.


Seis de las comunidades autónomas que examina Fitch tienen esa calificación -entre ellas se encuentra Castilla-La Mancha- y otras cuatro un escalón mejor (BBB), pero tampoco éstas han experimentado mejoras estructurales ni la agencia espera que se produzcan en el futuro.

La agencia tiene en cuenta que la economía de las regiones españolas ha experimentado una mejora, aunque débil, y, si bien en 2013 los gastos fueron superiores a los ingresos por cuarto año consecutivo, los déficit fueron considerablemente menores que en 2012.

En cualquier caso, pese a la mejora, las comunidades sólo pueden afrontar el pago de la deuda mediante la emisión de nueva deuda, un «problema estructural» para varias de ellas.

Fitch apunta que nuevos recortes de gasto podrían afectar al sistema sanitario o al gasto social, al tiempo que prevé una disminución de las transferencias del Estado a las comunidades autónomas, que también terminarán este año con déficit.

Pese a estas circunstancias, el optimismo de la agencia proviene sobre todo del apoyo del Gobierno central a las comunidades, concretado en el Fondo de Liquidez Autonómica, con 23.000 millones a disposición de las regiones.

También valora Fitch Ratings la Ley de Estabilidad Presupuestaria, un instrumento útil para cumplir los objetivos de déficit, si bien critica que no se haya aplicado con el rigor con el que se anunció.

La agencia aprecia también la decisión del Gobierno de dar diez años de plazo a las autonomías para devolver las liquidaciones negativas del sistema de financiación autonómica.

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