El secretario general de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha instado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, a que apruebe ya, «de una vez y para siempre», la reforma del Código Penal para endurecer los castigos por robos en explotaciones agrarias y ganaderas, «si no quieren que el campo se convierta en el far west».
Fresneda, en una entrevista concedida a CLMPRESS, ha agradecido al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, su implicación en esta materia con la aportación de más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el campo, pero ha subrayado que no dejan de ser «parches» y que para acabar con la delincuencia en el sector se necesita «una reforma radical del Código Penal».
En materia hidrológica, el secretario general de Asaja ha hecho hincapié en que la regularización de los pozos no es el inconveniente, el problema son, a su juicio, «las mil caras que tiene el agua, cuando sólo debería tener una, porque el agua no tiene dueño». «Confederaciones, comunidades de regantes, comunidades autónomas… Es necesario un modelo distinto, no podemos estar siempre pendientes de qué se va a negociar», ha subrayado.
«Hay regiones que tienen un problema porque no tienen agua, como Murcia, y las que tienen agua tiene que resolver un problema de estructuras», ha dicho Fresneda, que ha recalcado que «una necesidad (el agua) no puede ser un derecho, pero mucho menos convertirse en una exigencia», en referencia a regiones vecinas.
Por último, José María Fresneda ha indicado la unión de cooperativas en Castilla-La Mancha, una medida que promueve el Ejecutivo regional para ser más competitivos a la hora de la comercialización, está «fatal», porque en pleno siglo XXI siguen existiendo «cooperativas de izquierdas y de derechas».
«Esto también habría que tramitarlo por ley, con unas condiciones, pero tiene que partir del sector productor, porque los agricultores son los dueños», ha manifestado Fresneda, que en esta materia también considera vital «un cambio de mentalidad».
José María Fresneda, secretario general de Asaja Castilla-La Mancha, ha asegurado que «algo falla» en este país cuando «Bankia consigue en una tarde para sanear sus cuentas lo que el sector agrario recibe de Bruselas durante cuatro años». Y todo ello, ha subrayado, cuando el sector primario, lejos de ser el responsable de la crisis, está ayudando a salir de ella «inyectando liquidez al sistema».
Fresneda ha indicado que el futuro de la agricultura y la alimentación, el lema elegido en la Convención Regional de Asaja celebrada hace unos días en Toledo, no está tanto en la Unión Europea como en España.
«Bruselas va a tener siempre un marco de apoyo, pero cada vez menor, por lo que el reto lo tenemos en España», ha agregado Fresneda, que ha hecho hincapié en que su organización reclama para el sector agroalimentario «unas reglas de juego que estén bien definidas», ya que, a su juicio, existen «muchas carencias y vacíos legales» en nuestro país.
En este contexto, el secretario general de Asaja ha dicho que urge la aprobación de la Ley de la Cadena Alimentaria por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Una norma que tiene por objetivo intentar solucionar la falta de transparencia y los desequilibrios que existen desde que un producto sale del campo y llega a las manos del consumidor y que afecta, fundamentalmente, a los productores, que muchas veces se ven obligados a vender por debajo del coste de producción.
«La Ley de la Cadena Alimentaria tiene que hacer que las explotaciones sean rentables y erradicar de una vez por todas del lenguaje del sector aquello de cubrir costes», ha remarcado José María Fresneda, que está convencido de que la norma va a garantizar, en parte, este extremo, pero considera que también será necesario «un cambio de mentalidad».
Por último, el secretario general de Asaja ha valorado «positivamente» el esfuerzo económico que ha hecho este año el Gobierno regional para aumentar la cuantía de la convocatoria de ayuda a los jóvenes para su incorporación a la agricultura o ganadería, pero ha remarcado que lo que realmente necesita el sector son «pensiones dignas», para que aquellas personas «que se han dejado la vida en el campo» no tengan que «seguir subiéndose al tractor porque cobran 500 ó 600 euros».