FSP UGT se ha mostrado satisfecho de que la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, haya pedido al Grupo Parlamentario Popular en las Cortes que presente la iniciativa que equipare a los empleados públicos de la Junta con los de la Administración del Estado en materia de incapacidad temporal (IT).
El sindicato ha aplaudido que «la presidenta Cospedal se sume a la petición de restitución de derechos laborales y condiciones salariales» para los empleados públicos, como ya solicitó UGT, en escritos presentados el pasado día 6 a los grupos parlamentarios del PP y del PSOE en las Cortes Regionales.
La secretaria general de FSP UGT CLM, Carmen Campoy, ha lamentado en un comunicado que, en la normativa sobre IT, «Castilla-La Mancha fuera un ejemplo negativo» y se ha felicitado de que la presidenta del Ejecutivo regional rectifique y de instrucciones al Grupo Parlamentario del PP para que se aplique la legislación nacional sobre Incapacidad Temporal.
De tal forma, ha señalado, que «deje de maltratar a los empleados públicos de la región» y que demuestra el que «también en esto Castilla-La Mancha ha sido un ejemplo negativo».
Campoy ha recordado que en el escrito registrado en las Cortes regionales, UGT CLM reseñó que, durante los últimos años, los empleados de la Administración regional habían sufrido un aumento de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales, en el caso de los empleados del Sescam de 1.519 a 1.645 horas anuales, que suponía una reducción salarial del 8 % que se sumaba a la rebaja de sueldos del 3 % de todos los empleados públicos del país y al añadido de casi un 3 % para los empleados del Sescam.
Junto a esas rebajas salariales, ha rememorado que «los empleados públicos han visto reducidas sus expectativas de avance en la carrera profesional, además de la reducción de los complementos de productividad variable e incluso de la paga extraordinaria de junio de 2012».
Ha instado, por ello, a los diputados de PP y PSOE a que inicien «con el nuevo año un proceso a través del cual se recuperen todos los derechos que los empleados públicos hemos perdido en los últimos años con la excusa de una crisis cuyo final ha sido anunciado por los responsables políticos», ha zanjado.