El delegado del Gobierno, José Julián Gregorio, ha afirmado hoy que, al reducir la jornada laboral semanal a 35 horas a los empleados públicos de Castilla-La Mancha, el presidente regional, Emiliano García-Page, «se saltó una ley estatal del 2012» y no hizo ninguna alegación que propiciara un acuerdo.
De este modo se ha pronunciado Gregorio a preguntas de los periodistas, durante una visita al cuartel de la Guardia Civil de Munera (Albacete), sobre el recurso de inconstitucionalidad que va a presentar el Gobierno de Rajoy contra la citada reducción de jornada.
Gregorio ha recordado que, el pasado 6 de abril, se convocó a García-Page a una reunión bilateral en el Ministerio de Administraciones Públicas para hablar del asunto y «el señor representante de la Junta de Comunidades no alegó ninguna cosa que fuera suficientemente interesante para que se llegara a un acuerdo», ha aseverado.
Y ha apostillado que «sigo pensando y sigo diciendo que parece mentira que después de saltarse una ley estatal no hicieran las alegaciones, no dieran una fórmula para que el Estado hubiera podido llegar a un acuerdo con la comunidad de Castilla-La Mancha».
Además, ha asegurado que esta acción del Ejecutivo regional significa «simple y llanamente que el señor Emiliano García-Page ha abierto otra guerra, como tantas otras tiene abiertas en Castilla-La Mancha, como la del agua, la de los interinos o la de la agricultura ecológica».
Gregorio ha concluido que García-Page «no ha querido llegar a ningún acuerdo» y que «lo único que quería es que hubiera otro enfrentamiento con el Estado para justificar esa política de unión con Podemos».