El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno de Rajoy contra la Ley de Castilla-La Mancha que regula la jornada laboral y la jubilación de los funcionarios. Este recurso supone la suspensión cautelar de la medida que ponía fin a las «horas Cospedal», es decir, que se pasaba de 35 horas a 37,5 horas a la semana.
La portavoz del PSOE en Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha valorado la suspensión cautelar de las 35 horas en la Administración regional. Maestre ha destacado que «los 70.000 empleados públicos de Castilla-La Mancha han de saber que es el Gobierno de Mariano Rajoy, con la complejidad y beneplácito del PP de la región, está empeñado en impedir la devolución de los derechos sociales perdidos en este gobierno».
Maestre, quien destacaba que ha sido Page el que ha devuelto la estabilidad y la calidad en el empleo y el estímulo y la creación de nuevos puestos de trabajo en el empleo público. En este sentido, la portavoz socialista indicaba que «es el Gobierno de Rajoy quien, mediante recurso al Constitucional, está impidiendo que se devuelvan esos derechos perdidos».
Sobre el recurso, Maestre señalaba que «llama la atención ver como en cuatro meses el presidente del Gobierno no ha hecho absolutamente nada por los ciudadanos de este país salvo presentar recursos e impedir que presidentes como Page devuelva los derechos cercenados por la derecha».
EL CONSTITUCIONAL, «HA CUMPLIDO CON SU DEBER JURÍDICO»
Desde CCOO señala que «la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional no sorprende, simplemente ha cumplido con su deber jurídico». En este sentido, aclaran en nota de prensa que «lo que realmente sorprendente y es indignante es que un gobierno en funciones se dedique a entorpecer el trabajo de personas que se esfuerzan por dar un servicio público, interponiendo un recurso por entender que la norma autonómica contraviene la norma estatal del año 2012, es decir, el Tribunal Constitucional ni siquiera se ha pronunciado al respecto, únicamente entiende que existen dudas y por ello habilita el inicio del proceso».
Desde CCOO «defendemos la legalidad de la jornada de 35 horas y en cualquier caso entendemos que aún existiendo dudas de interpretación, podía perfectamente haberse mantenido la jornada hasta el dictamen del Tribunal Constitucional, ya que estamos hablando de un proceso que debe resolverse en un ámbito estrictamente jurídico. Sin embargo, ahora se abre un periodo de hasta cinco meses para realizar esta interpretación y mientras tanto estamos obligados a suspender la medida».
«ATROCIDAD» EL RECURSO A LAS 35 HORAS
El delegado territorial de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Antonio López, ha calificado de «atrocidad» el recurso del Gobierno en funciones contra la ley que reduce la jornada laboral de los empleados públicos de la región, tras cuya presentación ha situado a la expresidenta María Dolores de Cospedal, informa EFE.
López ha dicho que tanto él personalmente, como Ciudadanos, entienden «que en ningún caso se tenía que haber presentado el recurso» y ha considerado que tras la decisión de recurrirlo está la expresidenta de la comunidad autónoma y presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.
DEFENSA DE LA LEGALIDAD DE LA REDUCCIÓN LABORAL
Podemos ha defendido que la ley que reduce la jornada laboral de los empleados públicos de la Junta es «perfectamente legal y legítima» y ha acusado al PP de actuar «con el propósito de poner palos en las ruedas» para «retrasar la recuperación de derechos que ellos mismos recortaron».
El portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Llorente, ha destacado que «nosotros la valoración que hacemos es negativa» y ha opinado que el PP pone en evidencia su política laboral, basada en «alargar la jornada, trabajar más y cobrar menos».
Frente al PP, ha afirmado que la apuesta de Podemos es «repartir mejor el empleo, conciliar y que se retribuyan todas las horas trabajadas».
Con ello, Llorente ha criticado que el recurso lo haya presentado un Gobierno central en funciones que, «por un lado, se niega a someterse al control democrático del Gobierno y, por otro lado, está tomando decisiones bastante trascendentes, sobre todo para Castilla-La Mancha, como cerrar Elcogas, seguir aprobando licitaciones para el cementerio nuclear o aprobar nuevos trasvases».
A su juicio, la presentación de este recurso es «lamentable» y ha defendido que la ley de Castilla-La Mancha, en cuya votación se abstuvo el PP, «no entra en contradicción con ninguna norma de ámbito estatal».
NO ACEPTARÁN DESPIDOS
El presidente del Sindicato Médico CESM de Castilla-La Mancha, José Luis Grau, ha dicho que no aceptarán que se despida a los 135 médicos contratados en virtud de la reducción de la jornada laboral de 37,5 a 35 horas semanales y ha precisado que no se entiende la postura del Gobierno central en funciones.
Esta suspensión cautelar afecta, en particular, al sector sanitario, que ya había organizado servicios en función de las 35 horas semanales en vigor desde el 1 de enero de este año, había planificado el periodo estival y había contratado a 135 médicos.
«Es una animalada», ha subrayado Grau, que está pendiente de hablar, esta misma tarde, con el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, que, a su vez, está «preocupadísimo» -ha admitido- por el asunto.
MALESTAR
La secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT CLM, Carmen Campoy, ha expresado su «más profundo malestar» y ha criticado que el Gobierno de Mariano Rajoy haya presentado el recurso «al final de esta legislatura».
Con ello, ha opinado que es «básico» que se mantengan los alrededor de 300 nuevos puestos de trabajo que corresponden al ámbito sanitario.
«Es un recurso que no tiene fundamento jurídico para ganarlo porque la implantación de las 35 horas está ajustada a la ley», ha aseverado el responsable de la Intersindical Gustavo Fabra.
Fabra ha explicado que prepararán un documento conjunto para «intentar explicar al Tribunal Constitucional que las medidas cautelares van a suponer un grave perjuicio para la organización en los centros de trabajo de la Junta porque están organizados en base a calendarios laborales que se han negociado durante 2015 en base a las 35 horas».
MUY MALA SITUACIÓN
Con ello, ha opinado que lo ocurrido «deja en muy mala situación» al PP de cara a las nuevas elecciones del 26 de junio y ha avisado al PP de Castilla-La Mancha de que «si quiere venir luego a pedir el voto a los empleados públicos, que los defiendan».
Por su parte, el presidente de CSIF en Castilla-La Mancha, Julio Retamosa ha considerado que la suspensión de la reducción de la jornada laboral para los empleados públicos es «una noticia muy mala para todos los ciudadanos» de la región.
Ha afirmado que la rebaja de la jornada laboral era «lo único» que les había ofrecido hasta ahora el Gobierno de Emiliano García-Page y ha desvelado que le parecía «de locos que un Gobierno en funciones se atreviera a hacer esto estando unas elecciones tan próximas».
También el secretario autonómico del sindicato de enfermería Satse en Castilla-La Mancha, Juan Francisco Ruiz, ha calificado de «auténtica locura» esta medida que, a su juicio, es un «ataque» contra los empleados públicos de Castilla-La Mancha y que ya esperaban.
CONSECUENCIAS «BASTANTE DURAS»
Ruiz ha dicho que lo más urgente ahora es convocar las mesas sectoriales y que la Junta aborde con cada sector las consecuencias de una suspensión que en el caso de la sanidad «puede tener unas consecuencias bastante duras» tanto para los trabajadores como para los usuarios, porque ya están planificadas consultas, quirófanos, vacaciones y turnos en base a 35 horas semanales.
Por su parte, el presidente regional del sindicato Anpe, Ramón Izquierdo, ha dicho que quieren esperar a la Mesa de la Función Pública, convocada para mañana, para que el consejero «nos cuente los pormenores» y los «detalles» de la decisión.
Ha avanzado, no obstante, que será un «perjuicio» para los servicios públicos y ha citado, en particular, el ámbito sanitario por las consecuencias que se puede derivar.