Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha criticado el proyecto de presupuestos de la comunidad para 2014, unas cuentas que «se han elaborado pensando más en urgencias de los mercados financieros que en las necesidades las personas».
En un comunicado, el coordinador regional de IU, Daniel Martínez, ha realizado una primera valoración del presupuesto de Castilla-La Mancha para 2014, presentado por la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, y que asciende a 7.963,82 millones de euros, un 7 por 100 más que el actual, con un límite de gasto que cae un 1 por 100, hasta los 5.676 millones.
«Las primeras valoraciones no son ni mucho menos positivas, ya que las cuentas del próximo año suponen consolidar, reforzar y dar continuidad a las políticas neoliberales más duras» del Gobierno regional, ha denunciado Martínez, que ha advertido de que estas políticas han llevado a la comunidad autónoma a «una profunda recesión, de la que no se puede salir con las mismas recetas antisociales».
Martínez ha señalado que, a pesar del incremento en el presupuesto para 2014, éste «no va a ser utilizado para recuperar el terreno perdido en empleo, servicios públicos básicos, aumentar la dotación de la Ley de Dependencia, impulsar el sector público para crear empleo, ni aumentar de forma sería la inversión productiva».
PROPUESTAS PARA INVERTIR
La mejora del poder adquisitivo de los trabajadores y pensionistas, o la puesta en marcha de un plan de empleo y una renta mínima para todas aquellas personas que no tienen para llegar a fin de mes son otras de las propuestas en las que, según Martínez, se podría invertir el incremento presupuestario.
Frente a estas iniciativas, el coordinador de IU en Castilla-La Mancha ha reprochado que la subida del presupuesto «se va a utilizar para que la banca y los fondos de inversión sigan haciendo su particular agosto en tiempos de crisis».
Tras adelantar que la coalición realizará propuestas alternativas al presupuesto una vez que realicen un análisis más riguroso de las cuentas, ha lamentado que los ciudadanos son «víctimas de una auténtica estafa para poder tapar los agujeros de la banca», al tiempo que se «aprovecha para dinamitar injustificadamente el estado de bienestar».