El expresidente de Cepyme y de la Cecam Jesus Bárcenas ha negado hoy ante el juez que investiga los presuntos cobros irregulares a la organización por parte de su sucesor, Jesús Terciado, a través de empresas de su propiedad, que él haya facturado honorario alguno de las suyas.
Bárcenas ha comparecido hoy como imputado ante el titular del Juzgado de instrucción número 33 de Madrid junto al secretario general, José Alberto González-Ruiz, y el gerente de la confederación, José Manuel Vilar Martínez, por los más de 300.000 euros que Terciado facturó a Cepyme como consultor a través de las empresas Ingasert y Tecrucyl.
El también expresidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) ha sido el primero en declarar y, según fuentes jurídicas consultadas por Efe, ha negado que él cargara a Cepyme ningún honorario de sus sociedades.
De esta forma, ha contradicho lo manifestado en su día por el propio Terciado, que el pasado verano afirmó al juez que esta práctica estaba vigente en la confederación «durante los mandatos anteriores».
Por su parte, el secretario general de Cepyme ha señalado a su salida de los juzgados que él comenzó a ostentar este cargo en diciembre de 2012, mientras que los hechos investigados son anteriores, por lo que ha atribuido su imputación a un «probable error» de los denunciantes.
Ha explicado que ya en su llegada existía un contrato de alta dirección que había firmado Terciado, y ha mostrado su convencimiento de que «todo se ha hecho correctamente».
En este sentido, ha subrayado que «esas remuneraciones han sido comunicadas a la asamblea y órganos de gobierno» de Cepyme y ha recordado que la confederación se encuentra inmersa en un proceso de control interno y auditorías externas que garantizan su «política de transparencia».
«Sus cuentas reflejan su imagen fiel», ha concluido.
Tras González-Ruiz, ha entrado a la sala de vistas el gerente de Cepyme, que todavía se encuentra declarando.
La Fiscalía pidió seguir adelante con esta causa al entender que existen elementos probatorios para entender que los hechos investigados pudieran ser constitutivos de delito de falsedad y estafa o apropiación indebida.
La investigación parte de la denuncia presentada por la Confederación de Empresarios de Salamanca (Confaes), según la cual Terciado habría cobrado a CEPYME como consultor a través de dos empresas de su propiedad, Ingaset y Tecrucyl.