El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha pedido a la antigua Caja Castilla La Mancha (CCM) que presente en un plazo de 15 días las actas de las reuniones de la comisión ejecutiva de la entidad previas a la aprobación de préstamos millonarios por un total de 253,85 millones de euros. Según un informe pericial del Banco de España, en el que se analizan diferentes operaciones de CCM con Inmobiliaria Colonial, Kopan Cartera, T-Solar Global, Renovalia y Grupo Lábaro, estas actuaciones eran «contrarias a la normativa bancaria y mercantil».
Los peritos del supervisor consideraban que con la aprobación de estas operaciones se pudo generar un perjuicio para CCM próximo a 267 millones y, por otro lado, un beneficio para personas o entidades ajenas a la caja.
Por todo ello, en un auto el magistrado solicita información sobre más de una veintena de encuentros en los que se facilitó a los miembros de la comisión ejecutiva de CCM información con carácter previo a la aprobación de los créditos.
De todas las operaciones investigadas, la de mayor volumen es la de un crédito de 60 millones a Zent Inversiones, cuya información se aportó en la reunión de la ejecutiva de CCM del 26 de julio de 2007.
A continuación figuran dos préstamos de 50 millones de euros cada uno para el empresario Antonio Barco Fernández y para el Grupo de Negocios Urbaja, cuyos datos se vieron en sendas reuniones en diciembre de 2006.
Con la petición de las actas por parte del juez, se reactiva la causa judicial contra el expresidente de CCM Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general Ildefonso Ortega, acusados de estafa, administración desleal y falsedad contable, a raíz de una querella del PP.
Todas las operaciones investigadas son previas a la intervención en mayo de 2009 de CCM, adjudicada posteriormente a Cajastur y ahora integrada en el grupo Liberbank.