sábado, 19 de octubre de 2024
en estado de insolvencia 05/12/2012junio 13th, 2017

El juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid ha declarado el concurso de acreedores de las concesionarias de la autopista de peaje AP-36, que discurre entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete) y que cuenta con un pasivo de 522 millones de euros.

La sociedades concesionarias, Inversora de Autopistas del Levante y Autopista Madrid-Levante Concesionaria Española, presentaron hace unos meses solicitud de declaración de concurso voluntaria al encontrarse en estado de «insolvencia inminente» con un pasivo de 522,1 millones de euros.


Esta cantidad se deriva de un crédito sindicato que vencía el próximo de 31 de diciembre, según el auto al que ha tenido acceso Efe.

El magistrado Andrés Sánchez Magro ha nombrado administradores concursales al abogado Vicente Flores Argente y al Banco Sabadell.

Desde que comenzó la crisis en 2007, el tráfico en la AP-36 ha descendido un 16,8 por 100 hasta el primer semestre del año, mientras que en general, el de las autopistas estatales de peaje se ha desplomado un 27 por 100, según los datos del Ministerio de Fomento.

Entre enero y junio, las autopistas estatales de peaje han contabilizado una media de 15.775 vehículos diarios, nivel que no registraban desde hace catorce años.

Las sociedades gestoras de la autopista están participadas por Cintra (Ferrovial) con un 55 por 100, Sacyr con un 40 por 100 y la Caja de Ahorros y Monte de la Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián (Kutxa) con el 5 por 100.

Además de esta autopista, la AP-41 que conecta Madrid y Toledo; la R-3 que discurre entre Madrid y Arganda; la R-4, entre la M-50 (Madrid) y Ocaña (Toledo); la R-5, entre Madrid y Navalcarnero; y la que discurre entre Cartagena (Murcia) y Vera (Almería) se encuentran inmersas en procedimientos concursales.

La caída del tráfico, los sobrecostes de las expropiaciones, la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, el incremento de los carburantes y la existencia de carreteras gratuitas que cubren el mismo trayecto, han llevado a las citadas concesionarias a iniciar procedimientos concursales ante la incapacidad de afrontar sus deudas.

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