Los grupos parlamentarios han debatido en las Cortes regionales sobre la situación actual del Alto Guadiana y el nuevo plan de cuenca, aprobado recientemente por la Confederación Hidrográfica del Guadiana y el Consejo Nacional del Agua, con el que, según el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, «se condena a los regantes al secano».
El consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, exponía en las Cortes regionales la situación de los agricultores del Alto Guadiana, regantes que ocupan un territorio en el que viven 600.000 habitantes, y destacaba que «un 90 por 100 del agua que se utiliza en Castilla-La Mancha tiene un uso agrario, si se suma la industria agroalimentaria el porcentaje sube al 95 por 100».
Partiendo de esa base, Arroyo ponía en valor el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), que data de 2008, a partir del cual se ha conseguido regularizar parte de las explotaciones agrícolas que no lo estaban. Además, la Administración adquirió unas 6.700 hectáreas que «supusieron la protección del parque de las Tablas de Daimiel». Se trataba de un plan que «pretendía recuperar el dominio público hidráulico, porque el agua tiene que ser un bien público», matizaba el consejero, quien recordaba que este plan se acabó «por decisión del anterior Gobierno», el de Cospedal, y con esa decisión se liquidó el consorcio que lo gestionaba y, por tanto, «no se pudo llevar a cabo todo lo propuesto».
Arroyo enumeraba más bondades del PEAG como que, gracias a él, se pudo «adquirir derechos de agua, se adquirieron fincas, se hicieron planes de protección de humedales, se hizo investigación en materia de agua… Se consiguió resolver un problema». Además, el consejero destacaba que se logró que las Tablas de Daimiel tuviesen agua, ya que en 2009 se encontraban al 5 por 100 de su capacidad.
REGULARIZACIÓN DE POZOS
El consejero explicaba a los diputados que se logró regularizar 4.000 pozos, porque «había compromiso a través del citado consorcio», lo que no evitó que aún a fecha de hoy queden pozos sin regularizar, unas 1.700 explotaciones, que son las que tienen que ver con los agricultores profesionales y las explotaciones prioritarias. Una regularización que «se inició en su momento y, en cuatro años, no ha tenido ninguna solución». Además, el consejero apuntaba un nuevo problema, «no solo no lo tienen resuelto, como ha desaparecido el consorcio, incluso habría que abrir la ventanilla para regularizar el agua, porque no existe el marco legal que se abrió en 2008». En este sentido, Arroyo sentenciaba que Rajoy y Cospedal dio así «carpetazo a los problemas del agricultores».
Con el nuevo plan de cuenca, «se condena a los regantes del Alto Guadiana a secano», de ahí que el Gobierno -recuerdan- ha pedido una prórroga del PEAG porque «tenemos el deber desde el Gobierno de Castilla-La Mancha de hacer de esta cuenca desarrollo sostenible y olvidarnos de que solo pueden acceder al agua aquellos que más tienen para pagarlo».
DE LOS EXPEDIENTES QUE FALTAN POR RESOLVER A LA PROMESA DE RAJOY
El portavoz de Podemos y diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Llorente, destacaba durante el debate sobre el Alto Guadiana que «a falta de resolver los expedientes de las explotaciones preocupa la situación medioambiental de determinadas zonas».
Llorente defendía la resolución que presentaba su partido, conjuntamente con el PSOE, y donde se recogía el interés de conciliar los objetivos sociales y ambientales para lograr un desarrollo sostenible «porque tenemos que pensar en la agricultura del mañana«. De ahí su apuesta por «asegurar la continuidad del PEAG y tramitar los expedientes de los agricultores profesionales, en base a lo firmado en 2008».
La diputada socialista Carmen Torralba recordaba que el Gobierno de Castilla-La Mancha había votado en contra del actual plan de cuenca, al que se ha presentado la prórroga y que tendrá que aprobarse vía decreto, y señalaba que «los recursos se mantienen, pero se tiene que repartir el doble de hectáreas». Para Torralba, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «quiere dar por enterrado» el Plan Especial del Alto Guadiana y, aprovechando que Rajoy ha visitado Castilla-La Mancha y ha asegurado que «sigue apostando por los agricultores, le decimos que siga apostando por los agricultores de Castilla-La Mancha».
En su segundo turno de intervención, Torralba matizaba que el objetivo del PP en este asunto es «pasar del proceso de regularización de los pozos a especulación» y preguntaba a los diputados «populares» que qué prefieren entre PEAG o basurero nuclear. «Nosotros lo tenemos claro», respondía la socialista.
EL PP ECHA EN CARA QUE EL PSOE SOLO VENDE «HUMO»
La diputada «popular» Lola Merino aprovechaba su turno de intervención para asegurar que «desde que llegaron al Gobierno los socialistas han mostrado una sorprendente habilidad para generar problemas al sector agrario, en vez de solucionar los problemas. Tienen una prioridad, destruir todo lo bueno que haya y, sobre todo, crear problemas».
En opinión de Merino, «solo venden humo» y «traen su particular guerra del agua, con el objetivo de volvernos a engañar. Pretenden resucitar el PEAG para seguir engañando a los agricultores que están hartos de pagar multas millonarias» y pedía que «se mojen de una vez para solucionar el problema del agua».
Merino defendía que desapareciese el mencionado consorcio, porque «gastaron mucho dinero en el alquiler de las oficinas que costaron 12.000 euros, montaron oficinas de lujo, con televisión de plasma, obras de arte… y no tenían dinero para regularizar los pozos».
La diputada «popular» insistía en el tema de las multas y ponía como ejemplo a Sebastiana, una mujer con 36 hectáreas de viñedo, que «desde 2008 ha pagado 90.000 euros y seguirá pagando las multas» porque prefiere eso a «arrancar su forma de vida, que es la agricultura». La «popular» preguntaba al consejero de ¿dónde va a sacar el dinero para el PEAG que han pedido prorrogar?, al tiempo que quería saber dónde están los 800 millones de euros que cuando se aprobó dicho plan se dijo que se iba a invertir en la región.
El consejero también tenía preguntas para Merino. En relación a las multas, le preguntaba si «en estos últimos cuatro años ¿este Gobierno no ha sido culpable de las multas que siguen llegando?» y recordaba que este tema depende de la Confederación Hidrográfica, al tiempo le enumeraba las inversiones: 561 millones de euros, de los que 65 solamente era para la compra de derechos de agua.
Arroyo finalizaba su intervención asegurando que «si continuamos el trabajo que se ha hecho en lo últimos cuatro años, cerremos y nos vamos«, lo que ha supuesto el aplauso unánime de la bancada socialista.
El presidente del Gobierno, Emiliano García-Page, ha intervenido al finalizar el debate para asegurar que el problema de los pozos «lo arreglaremos» en esta legislatura.