La consejera de Agricultura del Gobierno regional, María Luisa Soriano, ha expuesto las principales reivindicaciones de Castilla-La Mancha de cara a la futura Política Agraria Común (PAC) a partir de 2014, que pasan por mantener, como mínimo, el presupuesto actual de la misma, flexibilizar las normativas permitiendo adaptaciones a las diferentes zonas, potenciar la figura de los productores, mejorar su poder de negociación de cara al mercado y simplificar la normativa «para que dediquen su tiempo a gestionar su explotación y su negocio».
Soriano lo ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el Consultivo Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, en el que el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas han preparado el próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la UE.
La consejera ha incidido en que la futura Política Agraria Común «debe tener a los agricultores y ganaderos en el centro de sus intereses». Para ello, ha considerado vital que se mantenga «un presupuesto adecuado para mantener la actividad agraria» y con criterios flexibles para que se pueda adaptar de la mejor forma posible a los distintos tipos de agricultura que conviven en el seno de la Unión Europea».
DEFENSA DEL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS
La consejera ha recordado que Castilla-La Mancha «se juega casi 1.000 millones de euros en esta reforma, que son los que vienen en ayudas a la región al año», y con la propuesta actual de la Comisión Europea esos fondos se verían muy mermados, lo que, en opinión de Soriano, «es inasumible para la Junta», toda vez que las ayudas suponen el 40 por ciento de la renta de los productores de la región.
Por ello, se ha comprometido a defenderlas ante el Ministerio y ante la Unión Europea, «con ímpetu y con argumentos, porque los agricultores y ganaderos prestan una labor esencial, al procurarnos alimentos sanos y de calidad, suministrar productos a nuestra potente industria alimentaria, fijar población en el medio rural y cuidar nuestros campos».
Soriano también ha lamentado que Bruselas pretenda imponer que el 30 por ciento de las ayudas queden sujetas a requisitos medioambientales, o que se endurezcan los requisitos para acceder a las subvenciones, perjudicando a los agricultores y ganaderos del sur. «A eso se opone Castilla-La Mancha y también el Gobierno de España», ha asegurado.
Con respecto a algunos de los temas concretos que estaban hoy sobre la mesa, como la OCM única para los productos agrarios, Soriano ha reivindicado mejoras en los sistemas de almacenamiento privado –en el que ha pedido que se incluya al vino-, que los precios de referencia para la intervención del mercado se actualicen en función de los costes o la igualdad de trato entre los productos comunitarios y los de terceros países, toda vez que «exigimos a nuestros productos mayores controles y trabas en calidad y seguridad alimentaria, y eso no es de recibo; las reglas deben ser las mismas para todos», ha indicado.
«NO» A LA LIBERALIZACIÓN DE DERECHOS DE VIÑEDO
La consejera de Agricultura también se ha referido a la intención de la Comisión Europea de liberalizar los derechos de plantación de viñedo, algo «a lo que Castilla-La Mancha se ha opuesto desde el principio. Tanto la Junta, el propio Ministerio y otras comunidades autónomas estamos de acuerdo en que perjudica los intereses españoles», ha señalado.
En concreto, Soriano ha considerado que una hipotética liberalización «provocaría la deslocalización del cultivo de la vid y perjudicaría medioambiental y económicamente a Castilla-La Mancha».
VIAJE A BRUSELAS CON CAÑETE
Tras la reunión del Consejo Consultivo, Soriano viajará a Bruselas junto al ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, y otros consejeros autonómicos para mantener diferentes reuniones de trabajo con eurodiputados españoles y altos representantes de la Comisión Europea, con el fin de trasladarles en persona la postura española de cara a la reforma de la PAC.
«Somos una gran potencia agroalimentaria y es importante que nuestra voz se escuche en Europa», ha explicado la consejera, quien ha destacado las ventajas que supondrá en las negociaciones «que España lleve una única voz, gracias a que hemos consensuado una postura entre todas las regiones. La unión nos hace más fuerte y carga al Gobierno de razones para defender nuestra visión», ha concluido.