El Juzgado de lo Social número 2 de Toledo ha dado la razón a las trabajadoras del «Proyecto Dipucamina IV» que recurrieron su despido por la Diputación de Toledo en agosto de 2011. La magistratura laboral considera nulo el despido y condena a la administración provincial a pagar los salarios de tramitación.
Es decir, a hacerse cargo del sueldo que va entre la fecha de despido, 15 de agosto de 2011; y la que constaba en su contrato como finalización de la relación laboral, 31 de diciembre del mismo año.
El 15 de agosto los 97 trabajadores de este programa fueron despedidos por la Diputación debido a que no existía consignación presupuestaria convenientemente dotada para la ejecución del programa, según explicaron los responsables de la institución. La medida fue criticada por el Grupo Socialista, que defendió la función social de los contratados en el programa y por un salario más que modesto.
«Dipucamina» estaba destinado a la contratación de personas pertenecientes a colectivos con dificultad de inserción laboral y con el objetivo de favorecer el empleo en los pequeños municipios a través de actividades de animación para personas mayores. Los trabajadores percibían una retribución mensual de 765 euros, «incluida la prorrata de pagas extraordinarias». La mitad de los despedidos recurrieron judicialmente la decisión solicitando su nulidad, entre otras reivindicaciones.
El Juzgado de lo Social número 2 de Toledo falló el día 8 de febrero de 2012 estimando la reclamación de nulidad de las trabajadoras que acudieron a esta instancia. Y exige a la Diputación el pago de «los salarios devengados desde la fecha de efectos del despido: 15 de agosto de 2011, hasta la fecha de la exintción de su contrato temporal: 31 de deciembre de 2011 a razón de 25,5 euros diarios».
Según fuentes oficiales, la Corporación provincial decidió no recurrir el fallo y abonar a las trabajadoras afectadas los salarios de tramitación, que ascienden a unos 3.000 euros por persona.
En estos días ha llegado también otro fallo de un juzgado de Talavera. Aunque aún está en plazo, la Diputación no ha recurrido y todo parece indicar que no lo hará, asumiendo el pago de los salarios reclamados por el juzgado y, en este caso, también se reconoce antigüedad.