Una quincena de asociaciones profesionales han constituido una Mesa en Albacete para luchar contra la economía sumergida, el intrusismo y la competencia desleal que, según estiman, suponen en esta provincia un fraude de 2 millones de euros e impiden que se creen 10.000 empleos directos.
Así lo ha expuesto Carlos Yagüe, presidente de la Asociación de Academias de Enseñanza Privada de Albacete y portavoz de esta Mesa en la que se integran asociaciones de sectores como la peluquería y estética, el textil, electricidad y fontanería, diseñadores gráficos, gasolineras y empresarios de limpieza y seguridad.
Ha reiterado que son conscientes de que para luchar contra la competencia desleal «hay que concienciar a la sociedad y al consumidor» y contar «con un mayor apoyo por parte de las administraciones para perseguir el fraude fiscal».
Por ello, están trabajando para organizar una mesa redonda en la que estén representados todos los sectores afectados por la competencia desleal y el fraude, así como organizaciones de consumidores y administraciones y ha asegurado que «si lo conseguimos, será una medida pionera y un ejemplo a seguir».
Todas las asociaciones integradas en esta Mesa del intrusismo forman parte de la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) y el secretario de la Confederación, Vicente García, también presente en la rueda de prensa, ha lamentado que la economía sumergida en Castilla-La Mancha supone un 25 por 100 de la economía total de la región.
Desde la Asociación de Peluquería y Estética han puesto como ejemplo del fraude que se está cometiendo que en la provincia, desde el inicio de la crisis, han cerrado casi un 30 por 100 de los centros, sin embargo, las marcas comerciales no han reducido la venta de sus productos.
Han considerado que esto es un buen «termómetro» de que hay personas «que ofrecen los servicios en las casas, en lugar de en un centro de belleza» con el fraude fiscal que ello conlleva.
Por eso, han pedido de la Administración que persiga a quienes trabajan en la economía sumergida en lugar de repercutir todas las medidas contra quienes pagan impuestos, ha apuntado Juan Cebrián, en representación del comercio textil.