El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno, Leandro Esteban, ha asegurado hoy que la Junta cumplirá «cabalmente» la sentencia que les obliga a readmitir a los más de 400 interinos despedidos en 2012 a quienes, ha dicho, se atenderá de forma individual.
Esteban, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, ha respondido de esa manera a preguntas de la prensa sobre la sentencia del Tribunal Supremo que ordena a la Junta la readmisión de los trabajadores interinos que fueron despedidos en 2012.
«Las sentencias se cumplen. Podemos estar más o menos de acuerdo con las actuaciones judiciales, en Castilla-La Mancha o en Cataluña», ha afirmado el consejero.
Ha insistido que cumplirán esa sentencia como han cumplido otras que han tenido que ejecutar como consecuencia de actuaciones del anterior gobierno socialista, y como ejemplo ha citado el pago de más de 200 millones de euros por el impuesto a las eléctricas nucleares cobrado de forma ilegal.
Ha cifrado en 300 las sentencias que, en materia de función pública y «muchas con vulneración de derechos fundamentales», se dictaron contra actuaciones del anterior gobierno del PSOE desde el año 2000 en que se empezaron a asumir competencias, lo que da una media de un pleito perdido cada dos meses.
Sin embargo, ha criticado Esteban, entonces «guardaron silencio» los mismos que «hoy se rasgan las vestiduras, pero que entonces se callaban cuando la Junta perdía sentencias de función pública todos los meses».
«El Gobierno de Castilla-La Mancha contempla las medidas necesarias para abordar la ejecución de esa sentencia y evidentemente también vamos a hacerlo en la manera cabal que tenemos que hacerlo», ha asegurado Esteban.
Se ha referido asimismo a «algún iluminado que ha hablado de responsabilidades patrimoniales en relación con la sentencia», de quien ha dicho que «es el mismo personaje» al que no ha oído decir nada de esos 200 millones que cobraron por un impuesto ilegal o de los 65 millones de IVA que no pagaron o del «mayor fraude que se ha hecho al empleo público que fue la ley de anterior gobierno».
Y también, ha añadido, «sería interesante saber qué responsabilidad patrimonial hay que pedir a unos gestores que dejaron casi 3.000 millones de euros en facturas en los cajones y 5.000 millones a deber en sanidad, dependencia y servicios sociales, y que daban subvenciones sin fondos».