El Gobierno regional tendrá que hacer frente al pago de 300.000 euros a cinco ayuntamientos de la provincia de Albacete, que han obtenido sentencias favorables por impagos del anterior Ejecutivo autonómico en relación con el Plan de Acción Local y Autonómica para el Empleo.
Así lo ha indicado hoy el viceconsejero de Administración Local, Fernando Mora, que ha explicado que se trata de los ayuntamientos de Molinicos, Férez, Yeste, Cenizate y Riópar, que acudieron a los tribunales por el impago del anterior Gobierno regional y que han obtenido sentencias favorables por valor de 300.000 euros, según ha informado en una nota la Junta de Comunidades.
Mora, que ha asistido a la firma del acta de delimitación de los términos municipales de Albacete y Pozohondo, se ha referido a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), que obligan al Gobierno regional a abonar a los ayuntamientos por incumplimientos en el pago de planes de empleo.
«Hay sentencias que se seguirán produciendo respecto a la acción del anterior Gobierno», ha apuntado Mora, que ha considerado: «Es muy lamentable que se pierdan tantas sentencias por tomar decisiones que realmente han sido cuestionadas por los ciudadanos, por los ayuntamientos y por los jueces, que están poniendo las cosas en su sitio».
El viceconsejero de Administración Local ha puesto de manifiesto la voluntad de cooperación del Gobierno regional con el Estado y con los ayuntamientos y ha recalcado: «Ahora la región tiene mucho que decir sobre lo que representa en el conjunto del Estado».
En este sentido, se ha referido a la reforma de la Administración Local y ha criticado que el Gobierno de España ha puesto en cuestión competencias municipales, «precisamente en servicios que están más cerca de los ciudadanos».
Sobre la situación de dificultad por la que atraviesan algunos ayuntamientos, Mora ha explicado que se debe a una «legislación que ha cortado competencias importantes de los consistorios».
Por otra parte, Mora ha mantenido un encuentro en Albacete con alcaldes, jueces y representantes de diversas instituciones de Santo Domingo (República Dominicana) que están realizando un seminario y un máster universitario, acompañado por el delegado de la Junta de Comunidades en la provincia, Pedro Antonio Ruiz Santos y del profesor de Derecho Constitucional Francisco Masso.