Castilla-La Mancha, según el Gobierno regional, «se ha ceñido con rigurosidad» a lo previsto en su Ley de Presupuestos para 2022, cumpliendo el objetivo de déficit del 1,1 por ciento, si eliminamos el incremento salarial del 1,5 por ciento y los ajustes de contabilidad de determinados fondos.
Tal y como ha informado este jueves el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el déficit oficial de Castilla-La Mancha relativo al ejercicio 2022 se sitúa en 893 millones de euros, lo que en términos de porcentaje sobre el PIB asciende a 1,9 por 100 del PIB regional, según ha informado la Junta en nota de prensa.
Si bien, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha aclarado que la cifra de déficit de 2022 está afectada negativamente por el cambio en los criterios de contabilización de determinados fondos operados en 2021, que fueron los que motivaron que la Comunidad Autónoma arrojara ese año un superávit de 94 millones de euros. En este sentido, ha añadido que el mantenimiento de esos mismos criterios de contabilidad en 2022 explica una parte del déficit de este año, en concreto, 313 millones de euros.
Por otra parte, Ruiz Molina ha incidido en que la cifra publicada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública incluye el gasto, no previsto en el presupuesto inicial de 2022, por el incremento adicional del 1,5 por ciento en las retribuciones del personal empleado público, que en Castilla-La Mancha supuso un mayor gasto, de 73 millones de euros.
Cuadro del déficit de Castilla-La Mancha en 2022.
En consecuencia, afirma que «si eliminamos los dos factores anteriores», la cifra de déficit en la que «verdaderamente» se ha incurrido en Castilla-La Mancha asciende a -507 millones de euros, el 1,1 por ciento del PIB regional, coincidente con la prevista en la Ley de Presupuestos de 2022.
«Por tanto, nada más lejos de lo que las cifras puedan aparentar, Castilla-La Mancha se ha ceñido con rigurosidad a lo previsto en su Ley de Presupuestos para 2022», ha subrayado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, quien ha destacado que «el rigor en la Administración de los recursos públicos es lo que, entre otros motivos, está posibilitando que seamos una de las comunidades autónomas que más rápidamente paga a sus proveedores».