La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha pagado a lo largo de este año, y hasta ayer, un total de 6.673 millones de euros, de los cuales 5.500 millones corresponden a gastos de este año y los 1.173 millones restantes, a ejercicios anteriores.
Estos datos los ha aportado el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, durante su intervención en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes, donde ha detallado las principales partidas de su departamento para 2015, en el que cuenta con 44,4 millones en concepto de gastos y 4.562 millones de euros de ingresos.
Romaní ha destacado que, hasta ayer, el presupuesto de gasto no financiero de la Junta estaba pagado al 93,24 por ciento y, además, todos los gastos están contabilizados, mientras que en el caso concreto de la Consejería de Hacienda, se ha pagado al 96 por ciento.
De hecho, ha incidido que en el proceso de acabar con la morosidad pública, se han realizado pagos de ejercicios anteriores de 1.173 millones de euros, mientras que otros 5.500 millones de euros se han abonado en concepto de pagos de este año.
Así, Romaní ha valorado que esta gestión de los pagos ha permitido a la Junta de Comunidades cumplir con los plazos medios de pago a proveedores establecidos por el Ministerio de Hacienda.
Con todos estos datos, Romaní ha valorado que la deuda con proveedores, incluso con acreedores de otros ejercicios, es «prácticamente residual en términos absolutos y relativos».
Otros de los datos aportados por Romaní durante su comparecencia para explicar la gestión realizada por su Consejería es que, si bien en otoño de 2011, el parque móvil de la Junta era de 2.633 vehículos, ese dato se ha bajado en un 21 por ciento, gracias a la subasta de 549 unidades.
Las ventas de estos vehículos han generado unos ingresos de 650.000 euros y han permitido un ahorro anual de 300.000 euros.
Además, a final de año y desde el inicio de la Legislatura, se habrán extinguido 83 contratos de arrendamiento, un 65,5 por ciento del total, lo que ha permitido reducir la factura de alquileres en 3 millones de euros, IVA excluido, una cifra a la que se deben sumar los ahorros por no tener que realizar el mantenimiento, limpieza o seguridad de los mismos.