El consejero de Economía y Hacienda de Castilla-La Mancha, Diego Valle, en una entrevista con la Agencia EFE, expone que estos datos están recogidos en el Plan Económico Financiero (PEF) 2012-2014 que el Ejecutivo regional ya ha presentado ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que será aprobado en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará en cinco semanas, entre los últimos días de febrero y los primeros de marzo.
El consejero de Economía y Hacienda de Castilla-La Mancha, Diego Valle, anuncia que el Gobierno regional prevé colocar más de 1.100 millones de euros de deuda en 2012 y un total de unos 3.200 millones de euros hasta 2014.
Valle, en una entrevista con la Agencia EFE, expone que estos datos están recogidos en el Plan Económico Financiero (PEF) 2012-2014 que el Ejecutivo regional ya ha presentado ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que será aprobado en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará en cinco semanas, entre los últimos días de febrero y los primeros de marzo.
El consejero expone que la reunión del Consejo celebrada el martes abrió la puerta para la aprobación del PEF y, con ello, para que Castilla-La Mancha pueda volver a salir al mercado a buscar financiación a largo plazo, algo que tiene prohibido desde 2010.
La propuesta que se incluye en ese plan, sin tener en cuenta la renovación de los préstamos que cumplan en los tres próximos años, es colocar unos 3.200 millones de euros entre 2012 y 2014.
De esa cantidad, «teniendo en cuenta la situación de los mercados», la Junta prevé conseguir más de 1.100 millones de euros este año.
Esta financiación y los créditos del ICO anunciados por el Gobierno permitirán acometer el calendario de pagos a proveedores que Valle calcula que puede estar operativo antes de verano, pues, según explica, 2011 se cerró con una deuda de más de 3.000 millones en facturas sin pagar, en su mayor parte heredadas del anterior Gobierno.
En cualquier caso, Valle ha asegurado que todas las medidas que se puedan tomar, como en el resto de las comunidades autónomas, están condicionadas a «lo prioritario e inexcusable: el cumplimiento del déficit, el cumplimiento del déficit, el cumplimiento del déficit».
El consejero detalla que Castilla-La Mancha cerró 2011 con un déficit de un 9,3 o 9,4 por 100 del PIB en términos de contabilidad nacional, por lo que asume que reducirlo al 1,3 por 100 exigido a las comunidades autónomas en 2012 es «no difícil, muy difícil».
Más aún cuando las previsiones del Gobierno central para 2012 pasaron de un crecimiento del 2,3 por 100 a uno de un 0,7 por 100 (el que se ha tomado para elaborar el PEF) y ahora se espera a la previsión que anuncie la Unión Europea que, según ha dicho, podría ser negativa.
«Ahí es donde está la dificultad, porque la capacidad de armonizar gastos es limitada», ha dicho el consejero, quien ha recordado que la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, ya tuvo que anunciar una ampliación del Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos por la rebaja de las previsiones.
Valle expone que, en este contexto, el Gobierno regional ha sido «absolutamente prudente y conservador» en la previsión de ingresos que recoge en el Plan Económico Financiero (PEF) y ha optado por prorrogar los presupuestos de 2011 hasta conocer el cuadro macroeconómico que presenta el Gobierno central.
Al margen de estas cuestiones, el responsable de Economía y Hacienda castellanomanchego expresa a EFE su temor de que el único futuro del aeropuerto de Ciudad Real sea «el cierre», aunque «ojalá» se encontrara una solución mediante la venta a algún comprador.
Diego Valle muestra también su convicción de que, desaparecida CCM, la relación del Gobierno regional con las entidades financieras debe ser diferente a la mantenida en el pasado.
«Debe haber colaboración, pero no connivencia entre el sector público y el financiero. No me parece adecuado que haya un tratamiento específico ni mucho menos más benévolo en la concesión de créditos por las entidades financieras a los organismos oficiales que a los particulares o empresarios, porque quien crea riqueza son las empresas. Vamos a ser absolutamente neutrales con ese asunto», sentencia.