El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el portavoz de Podemos en las Cortes regionales, David Llorente, han coincidido en plantear desde la comunidad un modelo de financiación consensuado, que sea «un asunto de región».
Ambos han señalado la necesidad de tener en cuenta en el modelo de financiación las características particulares de la comunidad autónoma a la hora de prestar servicios públicos, como su gran superficie y la dispersión de la población.
Ruiz Molina y Llorente han hecho estas consideraciones en declaraciones a los periodistas tras la reunión mantenida en el Palacio de Fuensalida de Toledo, sede de la Presidencia regional, para abordar la financiación autonómica, un encuentro en el que también han participado el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, y el líder regional de Podemos, José García Molina.
Para el consejero, es «un tema fundamental» que el modelo de financiación autonómica «no sea un asunto de gobierno sino de región» y que la propuesta que se presente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) esté legitimada por «todas las fuerzas que tienen representación institucional en Castilla-La Mancha».
El objetivo del Gobierno regional en materia de financiación, ha señalado, es que «se tenga en cuenta verdaderamente el coste real de la prestación de los servicios públicos fundamentales en la región, que, además, es similar a las dificultades existentes para financiar determinados servicios públicos con otras regiones».
«No se trata de modelos de partidos sino de modelos de financiación que garanticen que las regiones con especiales dificultades para la prestación de esos servicios contemos con la financiación suficiente», ha afirmado.
RESPETO AL PRINCIPIO DE EQUIDAD
En este sentido, ha señalado que han trasladado a Podemos «la necesidad de que el nuevo modelo respete el principio de equidad tanto vertical como horizontal en el sentido de que hay un reparto equitativo entre la Administración del Estado y la Administración de las comunidades a la hora de repartir la tarta de impuestos que tiene el Estado español».
Ruiz Molina ha insistido en que debe tenerse en cuenta «el coste real» de la prestación de servicios en los distintos territorios y, al mismo tiempo, que el modelo de financiación «debe ser instrumento de convergencia para reducir las diferencias de renta y riqueza entre el conjunto de comunidades autónomas».
Ha desvelado que están realizando un análisis «de cómo verdaderamente ha funcionado el modelo de financiación en estos siete años para ver dónde están los mayores defectos» que van «a poner en valor para intentar corregirlos».
«También hay un asunto muy importante, que haya una armonización fiscal, que las comunidades en función de su riqueza no puedan jugar con sus impuestos en detrimento de la capacidad fiscal que puedan tener el resto de comunidades autónomas», ha añadido el consejero.
Y ha apuntado que otro «hecho importante» que van a exigir es «lealtad institucional para que aquellas modificaciones legislativas que haga el Estado y que tengan repercusión en el gasto de las comunidades autónomas sean suficientemente financiadas tanto desde el punto de vista de gasto como de ingresos».
Como ejemplo, ha señalado que en la última subida del IRPF del 18 al 21 por ciento, las comunidades autónomas «no han tenido ninguna participación en ese incremento del 3 por ciento», algo que quieren que no se repita.
DIALOGAR Y BUSCAR UN CONSENSO
Por su parte, el portavoz de Podemos, que ha apuntado que la reunión ha sido una primera aproximación, ha señalado que la voluntad de su partido es «dialogar y buscar un consenso» entre partidos, territorios y entre diferentes niveles de la Administración para que «haya un modelo de financiación estable y adecuado».
«Más allá del proceso de debate y consenso, hay ciertas regiones que podemos compartir determinadas características particulares. En concreto, Castilla-La Mancha tiene una realidad de ser una región muy extensa territorialmente, con una gran superficie, con población bastante dispersa y con un peso específico del medio rural», ha planteado.
Con ello, ha dicho que comparte con el Gobierno regional «algunos criterios básicos en el sentido de que las variables de superficie y dispersión de la población tienen que tener reconocimiento suficiente en el modelo de financiación, tienen que ser ponderadas adecuadamente y debe garantizarse un nivel adecuado en prestación de servicios a la población».
También ha afirmado que «sería conveniente buscar algún tipo de mecanismo que evite la competencia fiscal a la baja entre comunidades autónomas, el dumping fiscal entre comunidades, y que se establezcan unos mínimos en determinados impuestos para que no pueda haber esa competencia fiscal a la baja».