Las propuestas del Gobierno catalán y andaluz de que los bancos, los promotores o las empresas paguen una tasa o sean penalizados por tener pisos vacíos, para incentivar el alquiler, no son compartidas por la mayoría de las comunidades, que consideran que sólo «generan ruido» e incrementan la fiscalidad.
Después de que la Junta de Andalucía optara por la vía de expropiar temporalmente a los bancos los pisos de familias afectadas por desahucios, Cataluña estudia que bancos y promotores paguen por los pisos que tienen vacíos.
La iniciativa ha causado el rechazo de la mayor parte de las comunidades, aunque algún Gobierno, como el canario, se ha mostrado dispuesto a estudiar con detenimiento la medida, en concreto, de la expropiación temporal del uso de la vivienda, al considerar que «es un paso especialmente interesante».
Las comunidades del PP, que se han pronunciado al respecto, no se muestran partidarias de estas medidas y la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha rechazado rotundamente que vaya a embargar viviendas vacías de promotoras y bancos para colocarlas en el mercado del alquiler.
«No soy partidaria de incrementar la presión fiscal», ha dicho Rudi sobre la iniciativa catalana, aunque en ocasiones hay que hacerlo cuando se ponen sobre la mesa ingresos y gastos.
En esa línea, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha calificado de «disparate» que Cataluña plantee crear un impuesto para gravar los pisos vacíos, en manos de la banca, por entender que eso sólo supone «incrementar la fiscalidad».
Tanto desde el Ejecutivo aragonés como desde los de Castilla y León y Castilla-La Mancha se ha criticado que este tipo de propuestas generan «mucho ruido y pocas nueces».
En esta misma línea, el presidente de Balares, José Ramón Bauzá, ha dicho que se trata de un «brindis al sol» y lo que «no hace» su Ejecutivo «ni hará» es «rayas en el mar».
Del mismo modo, el presidente extremeño, José Antonio Monago, lo ha calificado como «fuegos de artificio» con los que Andalucía intenta solucionar unos problemas generados previamente por la propia Junta de Andalucía.
En contraposición a Cataluña y Andalucía, las comunidades populares han decidido para proteger a las personas que sufran un desahucio por ejecución hipotecaria o por impago de la renta de alquiler apostar por convenios con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y con la federaciones de municipios y provincias propias de cada comunidad autónoma.
La primera autonomía en firmar este convenio con el CGPJ fue Galicia, el pasado 8 de abril, mientras que Valencia y Aragón han anunciado que lo harán próximamente.
Frente a la «expropiación exprés» que plantea la Junta de Andalucía, el presidente valenciano, Alberto Fabra, ha ofrecido «soluciones exprés para que las personas puedan tener la seguridad de que también en este caso la Administración está con ellos» y desde hace tiempo, ha dicho, plantea soluciones a personas en riesgo de exclusión.
Comunidades del PSOE, como Asturias, también han descartado abiertamente seguir los pasos de Andalucía y de su decreto-ley para expropiar temporalmente a los bancos los pisos de familias afectadas por desahucios y ha decidido apostar por la negociación con las entidades bancarias para que «ningún asturiano se quede sin techo».
Precisamente, hace unos días el Instituto Nacional de Estadística (INE), publicó los censos de Población y Viviendas 2011, según los cuales Andalucía era la comunidad con más viviendas vacías en ese año (637.221), seguida de Comunidad Valenciana (505.029) y Cataluña, con 448.356.