El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presentado este lunes la futura Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas (Ley SUMA), un texto legislativo que nace con vocación de ser una herramienta contra la despoblación y por el Reto Demográfico y que introduce la perspectiva de ruralidad en la legislación urbanística.
En virtud de esta norma, los grandes proyectos urbanísticos que se desarrollen en Castilla-La Mancha generarán ingresos y aumentos patrimoniales que irán destinados también a la estrategia de reto demográfico a través de actuaciones conjuntas en colaboración con los ayuntamientos.
Los grandes objetivos de la ley pasan por un nuevo modelo urbanístico; dinamizar la economía y agilizar trámites; impulsar a los pequeños municipios, el reto demográfico y el desarrollo del medio rural; y conseguir mejoras en la regulación urbanística. Además, planea impulsar la venta de solares abandonados.
Se trata de un texto legislativo que presentarán de forma conjunta los grupos parlamentarios Socialista y de Cs como un mimbre más del Pacto por la Reconstrucción suscrito a tres bandas entre los dos partidos y el Gobierno autonómico.
Fomentar el crecimiento con un nuevo urbanismo
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha desgranado en rueda de prensa algunas de las más de 60 novedades que implementan en el desarrollo urbanístico esta ley. Según ha detallado, también da cabida a los objetivos de la Agenda 2030 y busca favorecer la economía circular.
Entre las líneas maestras que ha destacado Hernando, ha puesto de relieve que los ayuntamientos tendrán ahora 20 días para poner «algún pero» a alguna actuación urbanística con silencio administrativo positivo en caso de no haber alegaciones dentro de un nuevo régimen de autorización en suelo rústico.
Se innova en la regulación de los aparcamientos y zonas verdes exigidos en polígonos industriales; y modifica la reserva de suelo dotacional para evitar el «café para todos».
Toca el capítulo de las Viviendas de Protección Oficial, una herramienta que según Hernando «puede servir en momentos de expansión», pero también supone «una barrera si el mercado de la vivienda está deprimido». «En momentos de depresión, la vivienda protegida puede ser un obstáculo».
En toda la región la vivienda protegida «es mucho más cara que la libre», y esta norma viene a regular la flexibilación de las cuotas de cada tipo de vivienda.
Resuelve «limbos urbanísticos»
Esta ley también quiere ser innovadora a la hora de definir el concepto de núcleo poblacional para resolver «el limbo urbanístico» en pequeños núcleos poblacionales.
Como medidas de simplificación, de cara a posibles inversiones, se quiere dar más agilidad en sitios pequeños, de manera que se da potestad a colegios profesionales y diputaciones para hacer los informes preceptivos para entregar licencias, paliando así la falta de personal para este cometido en pequeños municipios.
Además, viene a flexibilizar las condiciones reguladoras de los planes de ordenación urbanística, aumentando las posibilidades de modificación posterior; y elimina restricciones para favorecer el desarrollo urbanístico de los municipios de menos de 5.000 habitantes.
La norma recoge que ayuntamientos y Gobierno regional tendrán su propio patrimonio de suelo público donde se incluirán los cánones generados de la actividad urbanística y los bienes se tendrán que destinar a la construcción de vivienda protegida cuando así lo exija la demanda.
Fiscalidad progresiva
Los grandes proyectos económicos que se desarrollen en la región tienen que reportar beneficio a la ciudadanía en su conjunto, y con esta premisa, cuando la inversión en suelo rústico sea superior a los 500.000 euros, una parte de la recaudación irá a parar a inversiones públicas en beneficio de los castellanomanchegos.
Las actuaciones en suelo urbanizable con Programa de Actuación Urbanizadora, podrán ser más competitivas en municipios de hasta 10.000 habitantes; y en municipios mayores, cuando se desarrollen grandes proyectos de uso mayoritariamente residencial la Junta percibirá un tercio de las cesiones de suelo al patrimonio público.
En cuanto a las medidas para agilizar trámites, los instrumentos de apoyo para los planes de ordenación territorial y urbanística, a excepción de los Proyectos de Singular Interés, no necesitarán evaluación medioambiental.
Se permitirá a los planes de ordenación municipal poder establecer unidades paisajísticas para garantizar su conservación, de acuerdo con la normativa vigente; y se flexibilizan las condiciones reguladoras de estos planes.
Igualmente, se podrá proceder a la desafección de suelo destinado a la construcción de vivienda protegida cuando una vez cumplido el plazo el promotor se comprometa solicitar licencia urbanística en el plazo de doce 12 meses para desarrollar dicho terreno, teniendo que abonar el mayor valor de solar descalificado.
Cuando se requiera licencia urbanística para el desarrollo de actividades económicas en suelo rústico, el canon a abonar será del 2% en proyectos de menos de 500.000 euros; del 3% en el caso que superen esa cifra –2% para el ayuntamiento de la localidad y un 1% para la Junta–; y del 4% cuando para otorgar la licencia sea necesario un plan o instrumento supramunicipal, en cuyo caso un 2% será para el ayuntamiento y un 2% para la Junta.
En el caso de suelo urbanizable con Programa de Actuación Urbanizadora, la cuantía de la cesión de suelo urbanizado con aprovechamiento lucrativo ya no se determinará con los aprovechamientos tipo del planeamiento, sino que se determinará en función del número de habitantes de la población.
«Un texto que abrirá camino en España», asegura Page
El presidente regional, Emiliano García-Page, ha puesto en valor el trabajo conjunto llevado a cabo entre PSOE y Cs, de la mano de Hernado, para encauzar esta ley, «un texto que va a abrir camino en España».
La intención es «doblar la vela para aprovechar el viento del crecimiento» con una ley que «no va a ser la ley de la selva».
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha valorado la «valentía» que a su juicio está exhibiendo Ciudadanos a nivel nacional de cara a la futura negociación de los Presupuestos Generales del Estado.
En este sentido, ha indicado que el hecho de que el partido naranja esté «en disposición de negociar y hablar de un presupuesto que es determinante» es algo de celebrar.
«Probablemente el presupuesto más importante de los últimos 20 años para España. Además, ya son muchos años en los que llueve sobre mojado con el presupuesto de Montoro», ha indicado.
Ha abundado en que Cs e Inés Arrimadas «quieren pactar», algo que valora «mucho». «España requiere valientes y la valentía no está en la radicalidad. Ser radical e insultar es fácil y todos sabemos cómo se hace, pero no conduce a nada», ha apuntado.
El PSOE, satisfecho con el pacto con Cs
El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, ha tomado la palabra en el acto de presentación para poner de manifiesto su satisfacción por haber conseguido sacar adelante este texto en forma de proposición de ley conjunta de la mano del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Ha criticado el discurso del PP cuando acusa a PSOE y Cs de que este pacto sea «papel mojado», poniendo de manifiesto que se trata de la tercera ley desde que arrancara la crisis sanitaria que sale adelante con el consenso de socialistas y naranjas.
«No hay que hacer políticas partidistas. No es el momento. Hay que congratularse de haber podido ser capaces de avanzar en estas lides», ha señalado.
«Un proyecto inteligente» para Ciudadanos
El presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Alejandro Ruiz, también ha celebrado el resultado de este acuerdo en un contexto político de «división» sobre todo a nivel nacional, en un escenario de crisis sanitaria.
Pero «por suerte», Ruiz ve cómo en la política «se puede hacer otra cosa» como ejemplifica la colaboración alcanzada con el PSOE «desde la discrepancia». «En muchas cuestiones no estamos de acuerdo con este Gobierno pero en otras sí podemos trabajar juntos. Eso es lo que está esperando la ciudadanía. Desde la guerra a garrotazos no se construye, no se saca nada, solo el mal Gobierno o la destrucción», ha afirmado.
Es para Ruiz una de las normas «más inteligentes» que se pueden hacer al respecto, que hará que «Castilla-La Mancha se ponga a la cabeza» en la materia a nivel estatal.