La Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) ha admitido que el año 2023 no lo afronta con optimismo, por enfrentarse a un «contexto complicado, con durísimas condiciones para las pymes y los autónomos«, a lo que ha añadido que el Gobierno central «legisla en contra», algo que no es una opinión, sino que «se constata cada día».
Segundo semestre con la economía ralentizada
El presidente de los empresarios castellanomanchegos, Ángel Nicolás, ha analizado en un desayuno informativo las perspectivas de la patronal de cara a 2023 y ha subrayado que no son positivas, teniendo en cuenta que en el año 2022 se ha crecido en el país un 5,5 por ciento, pero con dos periodos diferenciados, ya que en el primer semestre los datos fueron más favorables, pero en el segundo semestre se ha ralentizado la economía.
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En el caso de Castilla-La Mancha, ha resaltado que 2022 ha finalizado con 555 empresas menos pero han contratado a 10.000 empleados más, por ello ha reivindicado el papel del empresario como el «motor de la economía» y ha lamentado que el Gobierno central, en vez de dar «respuesta a las enormes dificultades» derivadas de la subida de precios y de la incertidumbre internacional por la guerra en Ucrania, difunde «consignas».
«En un contexto tan complicado, es más necesario que nunca un entorno favorable, que elimine barreras y acometa reformas necesarias para el apoyo al empresariado, porque solo así se consolidaría la recuperación económica», ha reclamado Nicolás.
«El Gobierno está legislando contra el empresario»
En contra, ha denunciado que el Gobierno central está «legislando contra el empresario», una afirmación que -ha subrayado- «no es un pensamiento ni una sensación, sino que está constatado» y que se debe a que «hay menos votos de este lado que en el otro».
Ha puesto ejemplos como la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.080 euros «de manera unilateral y sin negociación colectiva» y ha recordado que la patronal propuso subir a los 1.040, pero que el Ministerio de Trabajo no ha dado respuesta «ni por escrito ni por teléfono», por lo que ha lamentado que «cuando en un partido, el árbitro juega a favor de un equipo, deja de ser un partido justo y el resultado no se tiene que tener en cuenta».
También ha lamentado que el salario que el trabajador percibe es un 60 por ciento de los costes laborales que paga el empresario y ha denunciado que «el resto se lo lleva el Estado», por «una asfixiante fiscalidad» que, subido a la subida del SMI, «va en la dirección contraria de crear y mantener empleo».
Sin embargo, ha matizado que la patronal no está en contra de la sanidad pública ni de la educación pública, sino que su propuesta pasa por «eliminar los 21.000 millones de gastos superfluos» que, según sus cálculos, acumulan las administraciones públicas del país.
«Hay que mirar dónde está el agujero por el que se va el dinero», ha instado Nicolás.
En cambio, ha subrayado que la actitud del Gobierno de Castilla-La Mancha es «muy diferente», toda vez que en la comunidad autónoma «las empresas aparecen de manera diferente, como eje de desarrollo» y ha valorado los acuerdos alcanzados en materia de diálogo social, y que en 2022 han versado sobre seguridad laboral y el trabajo autónomo.
En cambio, ha lamentado que el secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, tachara de «roñosa» a la patronal por no subir más los salarios en la negociación de convenios, pues a su entender «es una valoración simple, llamar roñosa a la parte que se juega su dinero, cuando podrían tener su patrimonio en otro lugar, sin necesidad de arriesgar».
Con todo, ha valorado que en Castilla-La Mancha hay buen clima en el diálogo social y la patronal «trabaja de buena fe para firmar los convenios colectivos».
En concreto, ha señalado que de los 79 convenios colectivos de Castilla-La Mancha, a cierre de 2022 están firmados y con vigencia 46, es decir, el 59 %, que supone que el 65 por ciento de los trabajadores, es decir, 267.000, tienen convenio en vigor, mientras que en el resto «se han mantenido abiertas las mesas de negociación para su renovación».
Sí ha reconocido que en el sector de la limpieza hay dificultades, ante la huelga que durante nueve jornadas han mantenido las trabajadoras en las provincias de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, y ha considerado que la Administración regional debería tener en cuenta a la hora de adjudicar los contratos públicos a determinadas grandes empresas, que luego no son esas firmas quienes prestan el servicio, sino que se subcontrata «a precios de miseria».
«Lo primero que tienen que hacer las administraciones es revisar los pliegos de condiciones cuando licita, porque si está dispuesto a pagar x, a partir de ahí hay que ir reduciendo», ha comentado Nicolás, que ha pedido a la Administración regional que «haga un guiño».