La subida del IRPF aprobada por el Gobierno costará de media 222 euros anuales a cada contribuyente y recaerá en su mayor parte sobre las clases medias y bajas con ingresos por debajo de los 33.000 euros anuales -que representan el 85 por 100 de los trabajadores-, según señalaron los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
El colectivo indicó que los asalariados que se mueven en el entorno del mileurismo, es decir, aquellos que ganan hasta 17.700 euros brutos anuales y que representan el 55 por 100 del total, deberán pagar a Hacienda unos 23 euros más al año, mientras que quienes superen esa cantidad, pero no lleguen a 33.000 euros, deberán desembolsar unos 165 euros más.
Estos dos tramos de ingresos, unidos al de los asalariados que no alcancen los 53.400 euros –cuyo gravamen extra rondará los 490 euros- aportarán en conjunto unos 2.065 millones de euros anuales, lo que supone más de la mitad de los 4.111 millones de euros que el Ejecutivo prevé recaudar gracias a esta subida temporal del IRPF.
En el extremo opuesto, los trabajadores más ‘afortunados’ -aquellos que ganan más de 300.000 euros anuales y que apenas suponen un 0,2 por 100 del total- contribuirán con una mayor cuantía, unos 16.187 euros anuales, aunque el peso total de esta aportación no alcanzará siquiera los 465 millones de euros.
SOBRE LOS INGRESOS DEL AHORRO
Junto a estos cambios, la modificación del IRPF también afectará a los ingresos provenientes del ahorro, con un gravamen complementario cuyo impacto variará enormemente en función del tramo de ganancia. Así, los pequeños ahorradores que ganen menos de 6.000 euros anuales a través de esta vía -más del 95 por 100 del total- tan solo tendrán que pagar 25 euros más al año, cifra muy reducida en comparación con los más de 6.650 euros que tendrán que aportar de media quienes obtengan más de 24.000 euros al año por este concepto.
En cualquier caso, el aumento de los gravámenes al ahorro tan solo generará unos 1.246 millones de euros anuales, por lo que el 80 por 100 de la nueva subida recaerá una vez más sobre los trabajadores -incluidos los desempleados y pensionistas- y no, como hubiera sido deseable, sobre otros rendimientos más vinculados a los grandes patrimonios, como los de capital.
En este sentido, el secretario general de los Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, consideró positivo que en las nuevas medidas el Ejecutivo eche mano de este tipo de ingresos «más exclusivos», aunque matizó que aún es necesario eliminar ciertas normas contrarias a la progresividad, empezando por excluir las ganancias patrimoniales especulativas como rentas del ahorro.
No obstante, explicó que esta línea de actuación «no es ninguna novedad», puesto que «ya en anteriores modificaciones del IRPF, como la aprobada en 2010, se convirtió al ciudadano de a pie en el principal protagonista de este género de terror como es la subida de impuestos, dejando en un papel secundario a las grandes fortunas, que además saben bien cómo evitar rendir cuentas con el Fisco».
EN LAS PENSIONES
Por otro lado, entre las consecuencias de esta modificación del IRPF, los Técnicos de Hacienda destacaron que la actualización de las pensiones apenas se notará en el bolsillo de los jubilados, y en algunos casos se verá incluso neutralizada por la subida de impuestos.
De este modo, y según sus cálculos, en España hay más de un millón de pensionistas (el 13,4 por 100 del total) que, al percibir prestaciones por encima de los 22.000 euros durante el pasado año, verán eclipsada su revalorización y terminarán perdiendo poder adquisitivo durante el próximo año.
Por ello, de cara a las nuevas medidas de ajuste que el Ejecutivo prevé aprobar en breve para contener el déficit, Gestha aboga por incidir en la vía de la recaudación en lugar de acometer recortes que puedan afectar a las prestaciones sociales.
Así, el colectivo indicó que la creación de un nuevo tipo impositivo para las grandes empresas –aquellas cuya facturación supere los 45 millones de euros- elevando del 30 por 100 al 35 por 100 el gravamen aplicable a los beneficios que superen el millón de euros, sería «un balón de oxígeno para las arcas públicas que no afectaría directamente al ciudadano de a pie».
Gracias a esta única medida, la recaudación se elevaría ya en más de 13.900 millones de euros anuales -cantidad superior a la que se obtendrá por la modificación del IRPF-, además de reducirse la brecha que separa el tipo medio efectivo de las microempresas y pequeñas empresas frente al menor tipo efectivo de las grandes corporaciones.