La Comisión Europea ha iniciado una corrección financiera a Castilla-La Mancha del 5 por 100 en ayudas de la PAC por deficiencias en los controles, según ha denunciado hoy la organización Unión de Uniones que ha estimado que la corrección podría alcanzar los 65 millones de euros.
En un comunicado, Unión de Uniones ha explicado que la Comisión Europea ha comunicado al Estado español el inicio de un procedimiento de corrección financiera a Castilla-La Mancha por deficiencias apreciadas en controles «fundamentales» que afectan a ciertas ayudas directas de la PAC y del desarrollo rural.
La organización ha estimado que esta corrección podría alcanzar unos 65 millones de euros por lo que ha remitido un escrito al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, para conocer el alcance y consecuencias de esa corrección.
La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea considera que la aplicación del sistema de ayudas por superficie, las ayudas por las dificultades naturales en zonas de montaña y desfavorecidas, los pagos agroambientales y la agricultura ecológica no se ajustaron a los requisitos de la normativa europea.
Aduce que los controles preceptivos se habrían realizado tarde o no en el momento adecuado, no se habría hecho una adecuada selección de los mismos en función del riesgo o no serían de una calidad suficiente.
Por estos motivos, la Comisión propone una corrección a tanto alzado del 5 por 100 para los fondos del Feaga y del Feader que se aplicaría con carácter retroactivo 24 meses a partir de la fecha de recepción de la comunicación y se mantendría hasta que las autoridades comunitarias tengan constancia de que se han adoptado las medidas necesarias para enmendar las deficiencias.
Unión de Uniones se ha mostrado «sorprendida» por la aplicación de una corrección financiera basándose en que los controles no se han realizado de manera adecuada y ha recordado que Martínez Arroyo ha hablado en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre la necesidad de ser «muy riguroso» con los controles administrativos.
La organización agraria también espera que la administración regional pueda aportar las pruebas necesarias para que el impacto de dicha corrección sea «mínimo» y no represente mayores cargas de burocracia ni perjuicios económicos para los agricultores y ganaderos.