El extesorero del PP en Castilla-La Mancha y exconcejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Toledo, Lamberto García Pineda, ha afirmado hoy al juez del caso Bárcenas, Pablo Ruz, que su cargo era «una figura decorativa» y que por ello nunca se encargó de las cuentas regionales.
Según han informado fuentes jurídicas, García Pineda, que ha declarado como imputado durante unos 40 minutos, ha asegurado que su cargo como tesorero regional, que ostentó de 2004 a 2008, era simbólico y no tenía funciones operativas, de las que se encargaba el gerente, con quien él ni siquiera despachaba.
Como tesorero, ha dicho, nunca cobró honorarios y solo acudió a unos pocos actos del PP, donde le sentaban en una silla en la que ponían un cartel con su nombre y cargo y que solía estar al fondo de la sala, ha puntualizado.
El imputado ha indicado que no sabía cómo se financiaba la campaña electoral regional y que no conocía a Bárcenas ni al extesorero del PP nacional Álvaro Lapuerta, quienes supuestamente llevaban la caja B del PP, una contabilidad paralela de la que se enteró, ha dicho, por la prensa.
García Pineda ha comparecido en relación a un contrato otorgado en 2007 por el consistorio a la empresa Sufi -filial de Sacyr- para la recogida de basuras, que los investigadores sospechan pudo responder a un donativo de 200.000 euros que hizo el expresidente de Sacyr al PP para la campaña electoral de la de la actual presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.
El extesorero ha dicho que no sabe nada de esos 200.000 euros que Luis Bárcenas supuestamente recibió de Sacyr, anotó en la contabilidad B del PP y luego entregó al gerente del PP regional, José Ángel Cañas,
Ha explicado, a preguntas del juez, que no trataba con Cospedal, a la que sólo conocía de algún acto, al tiempo que se ha desvinculado de la adjudicación del contrato a Sufi.
En concreto, se le ha interrogado sobre un protocolo que firmó y que se adjuntó al contrato, pero ha asegurado que ese documento -que preveía un aumento del orden de medio millón de euros anuales a Sufi- no supuso ningún gasto para el ayuntamiento porque no se llegó a hacer efectivo en ese momento, cosa que sí ocurrió, ha puntualizado, en la siguiente legislatura del PSOE.
Ese protocolo, que sí preveía un aumento de sueldo a los trabajadores, se firmó porque los empleados de la limpieza estaban en huelga y era necesario poner fin a la protesta porque la fiesta del Corpus Christi se iba a celebrar en fechas muy próximas y la ciudad estaba sucia, ha explicado.
El protocolo fue suscrito por García Pineda y luego ratificado por la Junta de Gobierno de Toledo el 23 de mayo de 2007, pero la Intervención General de la Administración del Estado considera en un informe que se adoptó omitiendo el procedimiento legalmente establecido y careciendo de los informes preceptivos, por lo que podría ser nulo de pleno derecho.
García Pineda ha entrado en la Audiencia Nacional en una silla de ruedas por una reciente lesión y se ha quejado al juez de que su imputación le ha afectado a su dignidad.
Sobre este contrato a Sufi el juez ya tomó declaración como imputado al gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, a quien Bárcenas dijo haber dado los 200.000 euros de Sufi y para demostrarlo entregó al juez los correspondientes recibís firmados por éste.
Cañas negó ante el juez haber recibido ese dinero y explicó que le firmó a Bárcenas unos recibís por esa cantidad porque el extesorero era su superior y le obligó a ello.
Comparecieron además el expresidente y presidente de Sacyr, Luis del Rivero y Manuel Manrique, quienes negaron cualquier tipo de donativo al PP ni la supuesta comisión de 200.000 euros para conseguir la adjudicación a Sufi.